Armar a profesores, nueva respuesta a violencia en EU

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS (27/DIC/2012).- El debate sobre el porte de armas en Estados Unidos dio un nuevo giro esta semana cuando decenas de maestros en Utah se abalanzaron a tomar clases de tiro y un fiscal estatal en Arizona proponía  un proyecto de ley para armar a los directores de las escuelas.

Autoridades en todo el país evalúan cómo aumentar la seguridad en las instituciones educativas tras la masacre que perpetró Adam Lanza hace dos  semanas en una escuela en Newtown (Connecticut, este), donde murieron 20 niños,  seis mujeres y el atacante.

Entre otras medidas se estudia permitir que el personal de las escuelas porte armas y entrenar en su uso a los profesores, un concepto que la principal  organización contra la venta de armas considera "insensato".

El jueves, un lobby a favor del porte de armas, el Consejo de Tiro  Deportivo de Utah (USSC), eximió a los profesores de ese estado occidental del  pago de 50 dólares por recibir clases de tiro, en un esfuerzo por entrenar a  los educadores en caso de un ataque como el de Newtown.

Además, el fiscal general de Arizona (suroeste), Tom Horne, presentó un  proyecto de ley que permitiría al director de cada escuela, o a otro empleado  designado, a portar armas en la institución tras recibir entrenamiento de parte  de la policía local.

Estos esfuerzos se suman a un proyecto de ley presentado la semana pasada  en Missouri (centro) que busca permitir a profesores y personal administrativo portar armas en las escuelas. El gobernador Jay Nixon se opuso a la medida en una carta enviada a los directores divulgada el lunes.

Solamente los estados de Utah y Kansas (centro) permiten el porte de armas en las instituciones educativas.

De estar armado el maestro, "no solamente podría enfrentarse al atacante,  sino además los chicos malos sabrán que los profesores de Utah están armados,  lo cual es un gran disuasivo", dijo a la AFP Bill Scott, miembro del USSC.

Su agrupación, que normalmente recibe 60 alumnos por clase, logró atraer a  400 educadores interesados en aprender a disparar, pero solamente pudo dedicar  la jornada a 200.

"No estamos promoviendo que todos los profesores estén armados. Sólo  decimos que aquellos que decidan estarlo y que necesitan entrenamiento, tienen  el derecho de hacerlo en Utah y nosotros se lo facilitamos", agregó Scott.

De su lado, el fiscal de Arizona dijo al presentar su proyecto de ley el  miércoles que "la solución ideal sería que haya un policía en cada escuela".

Pero, como esto no sería económicamente viable, "la siguiente mejor  solución es que en la escuela haya una persona entrenada en el manejo de armas  y en la gestión de emergencias", agregó.

Según un recuento del diario en línea Huffington Post, legisladores  republicanos de al menos seis estados están diseñando para 2013 proyectos de  ley que permitirían a los profesores portar armas en las escuelas.

El gobernador demócrata de Missouri, Jay Nixon, escribió en una carta  pública que tiene "serias preocupaciones por una legislación que acaba de ser  introducida y que propone armar a los maestros".

"Llevar armas cargadas a los salones de clases es, simplemente, el enfoque  incorrecto a un problema serio que exige profundo análisis y soluciones  concienzudas", agregó.

En el mismo sentido reaccionó Dan Gross, presidente del mayor lobby en  contra del porte de armas -la Campaña Brady para Prevenir la Violencia Armada-  quien dijo al sitio web Politico.com: "Eso es insensato (...) Es decir que la  única respuesta a la violencia es más violencia".

Pero quienes apoyan el porte de armas consideran lo contrario: "La razón  por la que mantenemos nuestro derecho a portar armas en las escuelas, es porque  estamos seriamente comprometidos en el bienestar de nuestros hijos", dijo en un  comunicado Clark Aposhian, presidente del USSC y entrenador de tiro.

Una encuesta divulgada este jueves por USA Today arrojó que la mayoría de  los estadounidenses (58 por ciento) está a favor de leyes más estrictas sobre la venta de  armas de fuego, un fuerte aumento con respecto a octubre de 2011, cuando  solamente el 43 por ciento de la población se pronunciaba a favor.