Piden trabajadores suspensión defintiva de proyecto en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes de la Delegación Sindical de Investigadores y Docentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pidieron la suspensión inmediata y definitiva de las obras relacionadas con el proyecto "Resplandor Teotihuacano".  

En un comunicado, dichos expertos señalaron que tal solicitud la hacen "en virtud de la violación de las garantías individuales y sociales por la instalación de ese espectáculo".  

Asimismo, demandaron el amparo de la justicia federal, por la violación -según ellos- de los derechos constitucionales de los mismos (consagrados en los artículos 14, 16, 28 párrafo décimo, 124 y 133).  

Señalaron que existe una trasgresión de diversas disposiciones legales, como la violación de tratados internacionales y la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, firmada en París el 23 de noviembre de 1972.  

Dicha convención tiene fuerza de ley, al haber sido firmada y ratificada por México, en que se establece la obligatoriedad de conservar y proteger los bienes culturales de interés excepcional, recordaron.  

En 1987 se incluyó la zona arqueológica de Teotihuacán en la "Lista de Patrimonio Mundial", considerándola una "obra maestra del genio creativo humano" y un "testimonio excepcional de una civilización desaparecida", entre otros criterios, añadieron los quejosos.  

Comentaron que la Carta de Venecia, del 31 de mayo de 1964, también firmada por México, establece los principios de conservación y restauración de las obras monumentales, en la cual se afirma: "deberá rechazarse cualquier nueva construcción, destrucción y utilización que pueda alterar las relaciones de los volúmenes y los colores".  

Además, anotaron, "el Artículo 28 Constitucional y el Artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales, legislación que se incumple al otorgar el uso, goce o administración de la zona arqueológica a un tercero, sea el Gobierno del Estado de México o cualquier otro, siendo que se trata de un bien de la nación inalienable, imprescriptible e inembargable".  

La propia Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 30, establece que corresponde exclusivamente al Secretario de Educación Pública la autorización de uso de los inmuebles arqueológicos para actividades cívicas y culturales, concluyeron.