La CFC emite lineamientos para mejorar las tortillerías

CIUDAD DE MÉXICO (01/JUN/2010).- El pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) emitió diversos lineamientos para mejorar el marco regulatorio de las tortillerías que operan en el país y garantizar la producción, comercialización y distribución del alimento a precios bajos.

Estas sugerencias están dirigidas a los Gobiernos municipales y estatales, así como a las dependencias federales relacionadas con la regulación de las tortillerías.

En un comunicado, la CFC precisa que de los 98 reglamentos en la materia reunidos por la Secretaría de Gobernación, 94 presentan problemas de competencia.

Para la mitad de la población, detalla, el consumo de tortilla representa más de 8.0% de su gasto en alimentos, incluso para el decil más pobre, para el que la compra de este alimento absorbe 5.0% de su ingreso total.

En consecuencia, expone, la competencia intensa entre los proveedores de tortilla tiene un impacto social muy importante porque permite a los consumidores elegir entre varias opciones para asegurar las mejores condiciones de precio y calidad.

De acuerdo con la CFC, son comunes las barreras regulatorias, sobre todo a nivel municipal, que inhiben la competencia en la producción y venta de tortillas, que deriva en precios “artificialmente altos”.

La comisión sugiere eliminar las regulaciones que prohiban las distancias mínimas entre tortillerías de una localidad o prestar servicios como la entrega a domicilio. También busca prescindir de disposiciones que permiten a las autoridades consultar entre los comercios establecidos sobre la entrada de nuevos participantes, así como a los precios y horarios a que deberán sujetarse.

Finalmente, la CFC plantea eliminar requisitos de cuotas mínimas de insumos locales, como el maíz, que deriva en una limitada capacidad de las tortillerías para obtener sus materias primas en las mejores condiciones de precio y calidad.

La CFC destaca que la aplicación de estos lineamientos por parte de las autoridades municipales contribuiría a eliminar barreras artificiales a la entrada de nuevas tortillerías y haría más difíciles los acuerdos ilegales de precios entre competidores.