Imco detecta opacidad en las entidades

CIUDAD DE MÉXICO (20/JUN/2013).- Las deficiencias en las leyes de fiscalización locales provocan que las auditorías superiores sean discrecionales, aumente la corrupción y que haya opacidad en las entidades, determinó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ya que en 50% de las entidades, la legislación no obliga al Congreso a dar resultados o sanciones sobre el ejercicio de los vigilantes del uso de los recursos públicos.

“Los gobiernos estatales se han acostumbrado a hacer mal uso de los recursos, los ciudadanos a escandalizarnos temporalmente, pero no hay consecuencias”, lamentó Jana Palacios, directora de proyectos de Competencia y Buen Gobierno del Imco, al referir que los desvíos de dinero de los últimos gobernadores de Morelos, Tabasco y Chiapas, denunciados por las gestiones actuales, suman 4,286 millones de pesos.

De acuerdo con el estudio “Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su Normatividad, Prácticas y Transparencia”, que elaboró el organismo privado en cooperación con la Universidad de Guadalajara (UdG), el promedio de calificación de la calidad de las legislaciones de los órganos fiscalizadores es de 78 en una escala de  cero a 100, no obstante, las entidades federativas están reprobadas en la evaluación e información sobre el ejercicio del gasto en los portales electrónicos.

De las 32 entidades federativas, sólo siete (Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Zacatecas, Chihuahua y Guerrero) publican sanciones a funcionarios públicos corruptos, pero ninguna les da seguimiento a las mismas.

“La ola de escándalos de corrupción, endeudamiento y desvío de recursos a nivel local en México ha puesto en evidencia las fallas del sistema de rendición de cuentas. Tanto a nivel federal como estatal, los congresos son los responsables de fiscalizar el gasto público, en donde cuentan con auditorías superiores, que son órganos técnicos y autónomos que se encargan de realizar las auditorías e iniciar procedimientos de sanciones”, mencionó.

No obstante, sólo ocho estados cuentan con leyes que no lesionan la autonomía de las auditorías, esto es, no subordinan al órgano fiscalizador frente al Congreso en aspectos técnicos, como la selección de auditorías y no impiden que ésta elija a los funcionarios que la conforman (Coahuila, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas).

Conflicto de interés

Aimée Figueroa, investigadora de la UdG, explicó que uno de los problemas existentes en las auditorías superiores locales en México es que al menos 10 auditores habían trabajado anteriormente en la Secretaría de Finanzas local, lo que ocasiona conflicto de intereses.

“Existen problemas en este diseño institucional, como falta de autonomía y nulas consecuencias de los hallazgos de las auditorías superiores, que impiden una vigilancia efectiva”, acotaron las especialistas.

LAS CIFRAS

Suman 4,286 millones de pesos las denuncias interpuestas por el desvió de recursos de los gobiernos anteriores en tres estados.

Sólo 7 de las 32 entidades publican sanciones a funcionarios públicos corruptos, aunque ninguna le da seguimiento.

Lilia González

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El Economista