Hay mayor oportunidad de inversión en infraestructura: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO (15/ENE/2012).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que la Ley de Asociaciones Público Privadas, que se promulgó hoy, ofrecerá mayor certeza jurídica a la inversión en infraestructura del país.

Durante la promulgación de la legislación en la residencia oficial de Los Pinos, el funcionario dijo que con ello se resuelven los recursos legales que eran poco flexibles respecto a la modificación de contratos durante el desarrollo de los proyectos y solución de controversias.

Explicó que en la presente administración se han realizado diversas e importantes acciones para impulsar la inversión en infraestructura.

Entre ellas destacan los recursos presupuestales como nunca antes se han dedicado a este rubro en México, que tienen detrás un impulso a la inversión privada que abarca en la actual administración 5.0 por ciento en promedio del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

La banca de desarrollo, en particular Banobras, ha incrementado en más del doble el financiamiento en infraestructura en los últimos cinco años, señaló Meade Kuribreña.

Sin embargo, continuó, era necesario renovar los esquemas que se tenían para ser más competitivos y tener mejores instrumentos para la inversión en infraestructura.

“A eso nos referimos cuando hablamos de reformas estructurales. Hoy tendremos, con la firma de esta iniciativa, un mucho mejor andamiaje jurídico para llevar a cabo la importante inversión que el país requiere”, aseveró.

Y aunque ya realizan estas inversiones en infraestructura entre los sectores público y privado, explicó, las condiciones son poco flexibles en cuanto a la modificación de los contratos a lo largo de la vida del proyecto y solución de controversias, sin que se ofrezca la certeza jurídica que requieren las partes involucradas.

La legislación pretende satisfacer las necesidades de la colectividad con la participación conjunta del sector público y el privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos.

Entre las mejoras y beneficios que ofrece destaca concentrar en un solo ordenamiento las disposiciones que hoy están dispersas y bajo distintas jerarquías normativas, lo que inhibe la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura.

Con ello se da certeza jurídica tanto al sector público como a los inversionistas nacionales y extranjeros, a través de mecanismos contractuales expresos de asociación.

Asimismo, evita impugnaciones al proceso de licitación que no tengan sustento, para privilegiar el inicio de ejecución de la obras de infraestructura que requiere el país.