Competencia, tarea del Gobierno

Con la presentación de la iniciativa de Ley de Competencia Económica se pondrán a debate aspectos centrales de la estructura social, política y económica de México. La exposición de motivos de la propuesta acierta al indicar que la existencia de empresas dominantes disminuye el bienestar de la población, porque implica el pago de precios más elevados en el consumo de bienes y servicios.

Lo anterior es particularmente cierto para el caso de aquellas personas con menores ingresos, que destinan cerca de 40% de su gasto a la adquisición de alimentos y bebidas, por lo que la existencia de monopolios y oligopolios en estos sectores acaba por afectar de manera significativa a la gente más pobre. Por tanto, debe reconocerse como positiva cualquier medida de política económica que ayude a que los precios sean más bajos y con ello aumente el bienestar de los mexicanos, particularmente para los 23 millones que no tienen recursos para alimentarse de forma adecuada.

La propuesta también tiene una fortaleza al buscar sanciones que inhiban la colusión o la acumulación de poder económico que vaya en detrimento de la competencia, algo que se complementa con el objetivo de profesionalizar, en términos de competencia económica, a las instituciones judiciales.

No obstante, es menester mencionar algunos aspectos que la iniciativa ha dejado de lado pero que constituyen áreas de oportunidad que deben incorporarse tanto al análisis económico como al marco legal propuesto.

Primero, se encuentra el reconocimiento tácito al hecho de que las reformas económicas aplicadas en las últimas tres décadas no tuvieron éxito para generar un mercado competitivo en México, por lo cual hoy es necesario un mecanismo regulatorio que contradice el espíritu de aquellos impulsores del actual modelo, los cuales querían sacar al Estado de la economía. En este aspecto la actual propuesta vuelve a colocar al sector público como aquel que debe corregir las desviaciones económicas del mercado. ¿Será esto posible?

En una segunda instancia debe citarse que la propuesta se centra en regular al sector privado, pero, ¿en dónde queda la responsabilidad del Gobierno en la generación de monopolios y oligopolios? Con el proceso privatizador de los noventa en muchas ocasiones se favoreció fiscal y legalmente a los inversionistas que realizaron la compra de algunas empresas públicas que hoy son poderosos monopolios. Lo anterior es algo que la propuesta debe reconocer e incorporar para evitar que se repita.

Algo similar ocurre con las licitaciones y concesiones, que en muchas ocasiones se otorgan en contratos de construcción, desarrollo y explotación de grandes proyectos de infraestructura, que debido a su naturaleza son ganados por empresas con poder económico y técnico. En este sentido, la propuesta debe citar cómo se evitará que el dinero público acabe generando empresas monopólicas u oligopólicas, especialmente cuando todo ello ocurre en un marco legal.

Finalmente, debe tocarse el punto en donde por desconocimiento o con la clara intención de beneficiar a algunos privados, la gestión pública ha propiciado la aparición de grupos que tienen beneficios mediante privilegios y no por su capacidad de gestión empresarial. De forma consecuente, la iniciativa debe incorporar el requerimiento de que también el sector público sea sujeto de evaluación y de sanción en el caso de que su actuación propicie la falta de competencia, en donde un punto central es la búsqueda de una mayor transparencia de todos los procesos que involucran a la burocracia, a fin de que sean medidos y penalizados de la misma manera que el sector privado.

Sólo así se evitarán injusticias y que una propuesta positiva acabe en letra muerta, algo que ha ocurrido con el marco regulatorio mexicano.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del ITESM