Durante los últimos seis meses de la pasada administración, el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) pagó 9 millones 941 mil pesos a una enfermera por el servicio de “curaciones”, que se brindaron a derechohabientes del organismo. El contrato de servicios profesionales se firmó el domingo 1 de julio del año pasado; es decir, durante el día del proceso electoral.

Este caso forma parte de los contratos discrecionales o abusos detectados durante el proceso de entrega-recepción en el área de Servicios Médicos Subrogados, informa el titular del Instituto, Iván Argüelles.

El Ipejal no cuenta con evidencia de que se brindaran los servicios de curaciones de “heridas crónicas” programadas a domicilio o de “heridas crónicas” con sustituto de piel sintética, como se establece en el contrato. La única información disponible son 115 hojas o formatos simples llenados a mano, en los que se brinda poca información de cada una de las atenciones brindadas.

Por otra parte, tras la revisión de las facturas se presume la falsificación de datos y firmas. Por ello, ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Jalisco por el presunto delito de fraude en contra del instituto. Y se prepara una más, que será presentada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

El titular de Pensiones informa que continúan con las revisiones de los especialistas a los que más se les pagaba por la prestación de servicios, pues detectaron que algunos facturaban hasta 1.5 millones de pesos mensuales.

Anualmente, el Ipejal destina alrededor de 700 millones de pesos en Servicios Médicos Subrogados brindados por 10 hospitales privados, así como 300 millones en medicamentos, donde también hay irregularidades.

Argüelles aclara que seguirán contratando servicios con clínicas privadas, pero ahora con algunos candados. “Por primera vez en la historia se licitó el servicio y participan 10 hospitales. El fallo se dará próximamente”.

Presentarán siete denuncias por anomalías en el Ipejal

Tras concluir el proceso de entrega-recepción, la actual administración del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) tiene detectados siete casos en los que se presumen presuntos fraudes contra el organismo, por los cuales se estarán presentado denuncias penales.

“Seguimos revisando, porque es un instituto muy grande. En los días que llevamos, francamente no hemos terminado de hacer una revisión a fondo de las irregularidades”, puntualiza su titular, Iván Argüelles.

A principios de este mes, el instituto presentó la primera denuncia por las anomalías observadas en el caso de Abengoa. La pasada administración invirtió 603 millones de pesos en la compra de bonos de esta empresa, que actualmente tienen un valor de tres pesos.

Las irregularidades en los fondos de inversión y otros bonos de deuda privados que se compraron también fuera de las políticas de inversión, ascienden a los mil millones de pesos, remarca.

Otros boquetes financieros se tienen identificados en el tema de los Servicios Médicos, el usufructo del patrimonio del Instituto sin pagar la renta correspondiente y los fideicomisos con “contratos leoninos” a favor de particulares.

En el área de Servicios Médicos se detectaron gastos irregulares o incomprobables. Debido a la falta de documentación e información, Argüelles acentúa que en estos momentos no se tiene una cifra del posible daño provocado a las finanzas del organismo, “tenemos pagos por 10 millones de pesos, por 18 millones de pesos, que son difícil de ver en qué se gastaron por la falta de respaldo documental”.

Revela que, a las 17:00 horas del 5 de diciembre del año pasado, es decir, el último día de la pasada administración, personal de Servicios Médicos intentó sacar órdenes o documentos de los Servicios Subrogados. “Afortunadamente nos tocó verlo y lo frenamos, pero ya llevaban la caja con facturas y con órdenes de servicio en hospitales y con especialistas privados”.

En esa caja iban prácticamente todos los servicios que se habían prestado en los últimos tres meses. “Se está revisando con detalle qué servicios se dieron… y nos hemos encontrado con servicios en los que no se puede comprobar a quién se le realizaron”.

Entre los presuntos servicios “fantasma”, se detectó el caso de una enfermera a la que se le pagaron casi 10 millones de pesos por supuestas curaciones brindadas a los derechohabientes, sin que se tenga evidencias de la prestación de los mismos.

Ampliarán servicio de urgencias

Tras reconocer que se tiene un rezago “impresionante” en el área de Servicios Médicos, pues las tres clínicas con las que cuenta el Ipejal están en mal estado, Argüelles comenta que se proyecta ampliar el servicio de primer contacto y mejorar la entrega de medicamentos.

También se encuentran colapsadas, pues hace 10 años tenían esas tres clínicas para atender a 10 mil pensionados, pero ahora son 35 mil, más otros beneficiarios (principalmente familiares), que dan un total de 45 mil derechohabientes. Todo, con el mismo número de hospitales. “Por eso están saturadas, pero ya estamos con el objetivo y el plan de acción para abrir una cuarta clínica con urgencias nocturnas, lo que nos permitirá un ahorro en las urgencias después de las ocho de la noche, que se tienen que ir a los hospitales privados. Con servicio durante los domingos, nos evitará que el pensionado se atienda en un  hospital privado, así bajaremos el costo en los Servicios Médicos Subrogados”.

Esto último se ha convertido en un problema, ya que se tiene detectado que hay pensionados que se sienten mal durante el día y se esperan a las 20:00 horas para ir a un hospital privado. “Así el hospital particular lo encama y pasa la noche el enfermo… y se eleva mucho el costo alegando que no lo podían dar de alta por una probable neumonía o bronquitis”.

Se contempla también la puesta en marcha de una clínica más a través de un arrendamiento para evitar gastos de construcción. Ésta podría ubicarse en Zapopan; sin embargo, se encuentra en análisis el costo de la renta.

La actual administración también pretende la reducción del cuadro básico de medicamentos. Actualmente se tienen 754 claves y bajarán a 350, lo que permitiría reducir el costo. Ya se lanzó la licitación pública para la compra de medicamento dosificado.  “Si llega el pensionado y le entrego en la farmacia la caja con 20 (pastillas), pero nada más, por su tratamiento, se tomará cuatro, pues ya pagué la caja completa y ahí se desperdicia el medicamento. Ahora se dará dosificado“.

Remarca que están al pendiente de las denuncias penales que se presentaron desde hace un año. Y la Contraloría de Jalisco acaba de interponer otra denuncia en el mismo sentido.

Para no repetir las anomalías, bajarán los gastos en los Servicios Subrogados. “En el Comité de Adquisiciones, todas las sesiones ya se transmiten en vivo y se está trabajando en mejorar la tecnología, de forma que sea completamente transparente, poniendo tabuladores y cuidando que se cumpla con éstos”.

Alistan cambios en los fideicomisos

De 12 fideicomisos inmobiliarios que maneja actualmente el Ipejal, cuatro están por concluir. Argüelles informa que se quedarán con los ocho restantes, pero con modificaciones en las cláusulas.

“Eran contratos muy ventajosos. Aplicaban el precio por metro cuadrado, que se le pagaba al Instituto, muy por debajo del valor comercial, argumentando siempre el valor catastral, pero sabemos que el valor catastral está muy por debajo del valor comercial”. Por ello se propondrán cambios en las cláusulas con una actualización del precio por metro cuadrado que pagan al Instituto.

Aclara que en este tema no se puede hablar actualmente de irregularidades por las cuales pudieran presentarse denuncias penales, ya que existe una firma de por medio en el que se aceptan las condiciones. Sin embargo, se trata de convenios que dejan en desventaja al Ipejal, con grandes beneficios para el particular. En estos fideicomisos, el organismo pone el terreno y el particular la infraestructura, ya sea un edificio, casa o centro comercial. “A mí me pagan el metro cuadrado en 10 mil pesos y ellos lo venden en 45 mil”.

De un patrimonio en inmuebles de 19 mil 800 millones de pesos, confirma que 900 millones son manejados a través de estas figuras.

—¿Qué harán?

—Denunciar penalmente (forma parte de las siete denuncias que presentarán).

—¿Cuál es el patrimonio del Ipejal?

—Son mil 100 propiedades, entre terrenos y unidades privativas: 210 terrenos y como 800 unidades privativas (departamentos y locales comerciales). Hay unos en litigios todavía, invadidos.

—¿Cuáles son los terrenos más grandes que tienen?

—El Tepopote, unas hectáreas en Vallarta, Chalacatepec... De terrenos, el más emblemático, no el más grande, son 32 mil metros en Puerto Vallarta. Tiene un valor catastral de 240 millones de pesos. El valor comercial es de mil 200 millones de pesos.

—¿Se tiene en puerta algún proyecto inmobiliario?

—El proyecto en general que vamos a manejar y que estaremos presentando al gobernador, en el tema inmobiliario, es patrimonial. No me deshago del terreno, lo rento, por ejemplo, a una cadena hotelera con un contrato a 20 años, donde  con el arrendamiento le sacas mucho más que el valor comercial si lo vendiera. El terreno y la infraestructura siguen siendo parte del instituto. Es lo que queremos manejar en la mayoría de los inmuebles. Se está haciendo el análisis de los mil 100 inmuebles para ver qué vocacionamiento tiene cada predio.

“El instituto no está en quiebra”

Debido a que en el último informe actuarial realizado al Ipejal se advierte de los posibles problemas financieros que pudiera enfrentar el Instituto en los próximos años si el manejo del fondo de ahorro continúa con la misma inercia, Argüelles aclara que el organismo no está en quiebra. “Si seguía por el camino que llevaba, sin duda pasaría eso. (A los pensionados y afiliados les digo) que estén muy tranquilos, que tenemos muy clara la ruta de qué es lo que se tiene que hacer para manejar responsablemente el fondo de los pensionados y promover el tema inmobiliario para crecer estos fondos de pensiones. Estamos trabajando en ello y estamos rindiendo cuentas”.

El mes pasado, este medio publicó que el aumento de jubilados y la reducción de la base de trabajadores en activo ha provocado que disminuya la suficiencia presupuestal del fondo de los pensionados, de acuerdo con ese estudio actuarial.

En el documento de la evaluación, se destaca que llegará el momento en que el Instituto no pueda cubrir el gasto con los ingresos regulares. “Se espera que, en no más de dos años, entre en la fase en la que tendrá que usar los intereses de la reserva para cubrir el gasto en pensiones”.

Se detalla que, de 2005 a 2017, el número de pensionados pasó de nueve mil 723 a 31 mil 764. También se advierte sobre la baja de la base trabajadora en activo, cuyas aportaciones soportan el pago de jubilaciones.

Por ejemplo, hace 14 años había 10.7 trabajadores en activo por cada pensionado. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el estudio había 3.8 empleados en funciones por cada pensionado.

En una revisión hecha en 2014 por la misma consultora, se proyectaba que la suficiencia financiera alcanzaría hasta 2029. En el nuevo análisis, este periodo se redujo a 2027.

Cuestionado sobre el tema, el académico de la Universidad Panamericana (UP), Israel Macías López, explicó que se requiere un cambio estructural en el cálculo de las pensiones de los burócratas. Se deben analizar, dijo, alternativas para aumentar la edad de jubilación o el monto de aportaciones.

El patrimonio y los afiliados

15 mil millones de pesos en títulos o dinero en bancos.
19 mil 800 millones de pesos es el valor en bienes inmuebles  del Ipejal.
19 mil 500 millones de pesos es el presupuesto de egresos de este año.
35 mil pensionados.
120 mil afiliados.

Deben mil 100 millones al instituto

Por aportaciones no reportadas o desviadas, entidades públicas adeudan alrededor de mil 100 millones de pesos al Instituto de Pensiones, entre cartera vencida y convenios establecidos para regularizar su situación.

Con corte al pasado 27 de febrero, la deuda alcanzaba los 510 millones de pesos, mientras que los convenios se ubicaban en 600 millones de pesos.

A pesar de esto, el titular del Ipejal comenta que tanto los municipios como los organismos han mostrado voluntad para ponerse al corriente. “Ya nos están pagando. Se han ido regularizando poco a poco”.

Recuerda que la situación era crítica, pues había casos, como algunos organismos descentralizados, que no tenían ni para cubrir los aguinaldos, por lo que difícilmente podían hacer frente a las deudas con el Instituto.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), se tienen pláticas con la unidad liquidadora para que se cubran los pagos pendientes.

Aunque en administraciones pasadas se firmaban convenios con las entidades públicas deudoras por hasta 20 años, Argüelles aclara que ya no serán a largo plazo, “no estamos firmando ningún convenio que trascienda la administración. Hemos firmado convenios con organismos que no pasan de un año, porque les digo que le echen ganas, ajusten su presupuesto porque yo no puedo firmar un convenio a 10 años”.

A pesar de que el Ayuntamiento de Tonalá tiene convenio firmado, en el último corte de la segunda quincena de enero publicado en el portal del Ipejal, tenía dos abonos vencidos por 2.8 millones de pesos (la deuda supera los ocho millones). Sin embargo, Argüelles destaca que el municipio ha mostrado disposición para cubrir el saldo pendiente.

En el caso de Puerto Vallarta y Chapala, que son dos de los municipios con el mayor monto de deuda, 221.9 millones de pesos y 53.9 millones, respectivamente, comenta que están por llegar a acuerdos. “También estamos apretando”.

El Ayuntamiento de Zapopan aparece en la lista de los que más adeudan, con 77.4 millones de pesos; sin embargo, los pasivos obedecen solamente a dos quincenas vencidas que no pagó la alcaldía, según el último reporte del Instituto de Pensiones.

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