De 2016 a la fecha, el Tribunal Electoral de Jalisco presenta una baja en el número de impugnaciones recibidas y sentencias emitidas.En la elección de 2015 hubo 12 mil 329 asuntos, dando salida a todos.Sin embargo, en los comicios de 2018 se documentaron sólo 422 impugnaciones y se emitieron 310 resoluciones. Aunque todavía no se da a conocer el total de asuntos recibidos en este año, según la información publicada, se han dictado apenas 613 sentencias.En contraparte, hace 10 años el órgano electoral operó con una plantilla de 79 plazas y un presupuesto de 40 millones de pesos. En este año hay contratadas 129 personas y se cuenta con una bolsa global de 61 millones.El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisará de nuevo una resolución emitida por el Tribunal local en la materia, luego que este último avalara que sólo podrán participar mujeres en la elección extraordinaria por la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque, como lo aprobó el Congreso de Jalisco. Alberto Maldonado Chavarín, candidato por Morena en la elección anulada, declaró que recurrirá a las instancias federales para que “corrijan la plana”.Entre diciembre de 2017 y octubre de 2020, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) emitió 475 sentencias, de las cuales 143 han sido impugnadas; es decir, tres de cada 10.En este año, el Tribunal federal revocó las sentencias emitidas por el Tribunal de Jalisco, relacionadas a la elección de San Pedro Tlaquepaque y Zapotlanejo (esta última de forma parcial).En ambas se retiraron las constancias que acreditaban como ganadores a los representantes de Movimiento Ciudadano. En la primera se ordenó celebrar una elección extraordinaria. Y en la segunda se otorgó el triunfo a Gonzalo Álvarez, candidato de Morena.Óscar Constantino Gutiérrez Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que esas resoluciones son “un problema de falta de oficio, con la pena. El Tribunal local muchas veces resuelve bajo criterios legalistas o legaloides, en lugar de criterios de derechos humanos y convencionales; es decir, utilizando el bloque de constitucionalidad”.De las 143 sentencias que han sido impugnadas en ese periodo, 41 han sido revocadas por el órgano federal, según la estadística del TEEJ.El órgano local reporta en sus informes anuales el porcentaje de efectividad de sus resoluciones, con los datos de todas las sentencias, tanto las impugnadas, como aquellas que no fueron enviadas al Tribunal federal. El promedio también viene a la baja.En 2012, por ejemplo, la efectividad era del 98%. Para 2015 bajó al 93%. Y durante el año pasado fue del 90.6 por ciento.El académico opina que “hay descuido o desinterés. Pareciera que no le importa que el Tribunal federal frecuentemente o en casos importantes, le revoque su decisión. Lo que se necesita a lo mejor es tener otros magistrados, tener gente con otro tipo de perfiles”.En 2019, tras avalar la reforma para reducir de cinco a tres el número de magistrados electorales, Ricardo Rodríguez, entonces diputado de Movimiento Ciudadano, señaló que el Tribunal local funciona como primera instancia, pues la mayoría de los asuntos que resuelve se van a la Sala Regional o la Sala Superior.Luego que el Tribunal Electoral del Estado resolviera que sólo deben participar mujeres en la elección extraordinaria de Tlaquepaque, Óscar Constantino Gutiérrez Ramírez, académico de la UdeG, declara que la discusión no debe centrarse en el principio de paridad.Acentúa que tanto el Tribunal como el partido de Morena debieron centrar la discusión en el cambio de la situación. “Esto no es un tema de género. Lo que debería estarse planteando es: la elección tuvo una determinada conformación de candidatos y me lo están cambiando. Me están cambiando los requisitos de acceso. Y ese es un tema de derechos político electorales del aspirante a candidato nuevamente”.Por ello, considera que “seguramente la forma de plantear el asunto por los tribunales federales (la Sala Regional y la Sala Superior) será distinta que la local”.Recuerda que los aspirantes que participaron en la elección anulada tenían que cumplir con ciertos parámetros y requisitos, los cuales fueron cambiados por el Congreso del Estado. “Ese cambio de situación de acceso es un tema de derechos político electorales de un ciudadano. Era el centro de la controversia”.El académico menciona que hay un principio que se llama “Jura Novit Curia”. “Este principio sostiene que el juez, cuando ve que está mal planteada la controversia en un juicio, tiene que ajustarla de tal manera que respete los derechos humanos”.Subraya que la elección se canceló por un tema de intervención indebida en el tema de la veda electoral. “Las condiciones de acceso a las candidaturas que existían en la candidatura anulada deben ser las mismas de la elección que se tiene que celebrar en noviembre”.Las autoridades financieras de México anunciaron el reforzamiento de la fiscalización de los recursos para evitar irregularidades en el proceso electoral pasado. El sistema bancario puso especial atención en las actividades inusuales de candidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos y líderes sindicales. Por su parte, la Secretaría de Hacienda remarcó que vigilaría la emisión de facturas, las transferencias internacionales o los movimientos con operaciones de algún estado sin concordancia para el que compiten los candidatos. Todas las actividades inusuales serían reportadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez enviaría el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).Mientras tanto, lo único tangible es que en México se cuenta con una gorda burocracia para organizar elecciones y combatir los delitos electores, pero el gasto millonario no se traduce en el combate efectivo de estos ilícitos. Y los casos de Odebrecht y los videoescándalos difundidos y que involucran en irregularidades a expresidentes, legisladores y hasta Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ejemplifican la impunidad con la que se cometen estos ilícitos y no pasa nada.En este año, el Congreso de la Unión aprobó que el Instituto Electoral Nacional, el Tribunal Electoral de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se devoren más de 30 mil millones de pesos para organizar y vigilar el periodo electoral.Para dimensionar el gasto, representa el doble del presupuesto que tiene este año la Fiscalía General de la República. También equivale a la mitad de lo que el Gobierno federal gastará en seguridad pública en todo el país, incluyendo a la Guardia Nacional.A la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se le requirió el total denuncias penales presentadas por parte del Instituto Nacional Electoral entre los procesos electorales de 2016 y 2019. En síntesis, respondió que fueron consignadas 678 carpetas de investigación y 471 de éstas fueron judicializadas. Sin embargo, los casos indagados son menores, ya que sobre Odebrecht, que presuntamente dio dinero a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y luego recibió contratos millonarios, únicamente se inició una carpeta de investigación, la cual se encuentra en trámite.Los diputados de la actual Legislatura federal se centrarán en tres reformas constitucionales: la eléctrica, la electoral y otra en materia de seguridad relacionada con la Guardia Nacional. Sobre la reforma electoral, Alberto Bayardo, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, menciona que se viene un amplio debate. “Hay una discusión fuerte porque está clara la intención de López Obrador de quitar a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral que no le son cómodos. Quiere renovar todo eso, incluso van a querer renovar el Tribunal Federal Electoral para poner también a magistrados que sean más afines al partido en el poder, que es algo que siempre ocurre. No es novedad en este caso, pero no debería ser”.Con relación a la desaparición de los órganos electorales locales, acentúa que ya lo habían intentado en reformas anteriores, pero muchos gobernadores se resistieron. En esta ocasión ve difícil que no avance porque hay una mayoría de mandatarios estatales de Morena que respaldarán la propuesta.Este medio publicó que de las 40 comisiones de la Cámara de Diputados que ya cuentan con un titular, sólo una está a cargo de los legisladores por Jalisco, de 33 que representan a la Entidad. Se trata de la priista María del Refugio Camarena, presidenta de la Comisión de Ganadería.Las autoridades financieras de México anunciaron el reforzamiento de la fiscalización de los recursos para evitar irregularidades en el proceso electoral pasado. El sistema bancario puso especial atención en las actividades inusuales de candidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos y líderes sindicales. Por su parte, la Secretaría de Hacienda remarcó que vigilaría la emisión de facturas, las transferencias internacionales o los movimientos con operaciones de algún estado sin concordancia para el que compiten los candidatos. Todas las actividades inusuales serían reportadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez enviaría el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).Mientras tanto, lo único tangible es que en México se cuenta con una gorda burocracia para organizar elecciones y combatir los delitos electores, pero el gasto millonario no se traduce en el combate efectivo de estos ilícitos. Y los casos de Odebrecht y los videoescándalos difundidos y que involucran en irregularidades a expresidentes, legisladores y hasta Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ejemplifican la impunidad con la que se cometen estos ilícitos y no pasa nada.En este año, el Congreso de la Unión aprobó que el Instituto Electoral Nacional, el Tribunal Electoral de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se devoren más de 30 mil millones de pesos para organizar y vigilar el periodo electoral.Para dimensionar el gasto, representa el doble del presupuesto que tiene este año la Fiscalía General de la República. También equivale a la mitad de lo que el Gobierno federal gastará en seguridad pública en todo el país, incluyendo a la Guardia Nacional.A la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se le requirió el total denuncias penales presentadas por parte del Instituto Nacional Electoral entre los procesos electorales de 2016 y 2019. En síntesis, respondió que fueron consignadas 678 carpetas de investigación y 471 de éstas fueron judicializadas. Sin embargo, los casos indagados son menores, ya que sobre Odebrecht, que presuntamente dio dinero a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y luego recibió contratos millonarios, únicamente se inició una carpeta de investigación, la cual se encuentra en trámite.Sigue #DebateInformador¿Qué opina del costo de los organismos electorales en México?Participa en Twitter en el debate del día @informador
