Todos los gobiernos se han comprometido a limpiar las aguas negras del Estado, y la administración de Enrique Alfaro no es la excepción.Sin embargo, la cuesta a recorrer es aún mayor que la de sus predecesores.Según la Comisión Estatal del Agua (CEA), en Jalisco existen 219 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), de las cuales sólo 74 limpian el agua para ciertas actividades, mientras que 51 no cumplen ningún parámetro.Además, 93 se han dado de baja porque dejaron de funcionar, principalmente porque los ayuntamientos no solventaron los costos de operación básicos como la energía eléctrica.De los 125 municipios, sólo 50 cuentan con una PTAR. Hace cuatro años eran 81, según el Plan Institucional 2014-2018 de la CEA.Entre 2014 y 2018, la dependencia dispuso de 460 millones 779 mil pesos para “contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los jaliscienses mediante la sustentabilidad del recurso hídrico”. Allí se engloban, entre otros proyectos, la limpieza de los sistemas de saneamiento y la operación y mantenimiento de 19 PTAR para la limpieza de las aguas en 10 municipios de la Ribera de Chapala.Además, 800 millones del crédito por más de cinco mil millones que recientemente aprobó el Congreso del Estado serán para plantas de tratamiento.Se buscó a Jorge Gastón González, coordinador de la Agenda del Agua, pero rechazó la entrevista. Respondió que la información está “en proceso”. Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de El Ahogado y Agua Prieta prometían sanear hasta 89% de las aguas negras que se generan en la metrópoli; sin embargo, según datos de la Comisión Estatal del Agua (CEA), sólo se sanea 59.5 por ciento.Durante la inauguración de la PTAR de El Ahogado, en marzo de 2012, el ex director del organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raúl Antonio Iglesias Benítez, le manifestó al entonces presidente, Felipe Calderón, que por sí sola trataría 40% de los líquidos de residuo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), lo que permitirá que el Río Santiago “ya no tenga olores ni fauna nociva. El entorno del río va a cambiar de la noche a la mañana”, le prometió al ex mandatario.Sin embargo, siete años después el Río Santiago sigue contaminado. De hecho, la percepción de los habitantes es que el panorama ha empeorado. Tanto, que quienes viven a su alrededor padecen enfermedades relacionadas con la mala situación en la que se encuentra el cuerpo de agua.Por otra parte, con la PTAR de Agua Prieta se prometía el saneamiento de 8.5 metros cúbicos de aguas residuales por segundo, lo cual representaba 80% de las descargas de la ciudad. De acuerdo con Antonio Goméz Reyna, miembro del núcleo de Estudios Estratégicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), tampoco se puede aprovechar el agua que sí logra tratarse porque ésta no se redirige a ciudadanos, industrias o agricultores. “¿Por qué no la envían? Si dicen que es agua potable, pues que la usen”. Agregó que no se puede saber si las tratadoras (ni esas dos ni ninguna otra) funcionan dentro de la norma porque no hay nadie externo que las audite, sino que es la misma Comisión Estatal del Agua la que lo hace.Por su parte, Arturo Gleason Espíndola, académico de la UdeG, explicó que El Ahogado, no recibe toda el agua de la cuenca del mismo nombre ni trabaja con toda su capacidad, mientras que la de Agua Prieta no cubre la totalidad de las aguas residuales. Es decir, son insuficientes en cantidad y calidad.Según el experto, las plantas de tratamiento en el Estado son principalmente biológicas, lo que significa que únicamente tratan desechos de los habitantes en relación a su uso diario, pero no pueden limpiar el agua de insecticidas y metales pesados, entre otros contaminantes industriales. Las plantas, afirma, no están bien caracterizadas.“No tiene caso que entre agua con un metal pesado a la planta si ésta es biológica. Automáticamente, lo que entre es lo que va a salir”.Por esto, explica, se tendrían que caracterizar las plantas para que éstas separen los contaminantes y vayan eliminando cada uno de ellos.Por otra parte, destaca que las normas mexicanas son “laxas” por no actualizarse desde hace años, a pesar de que cada día los contaminantes son mayores y diferentes. “Si nosotros no analizamos el tipo de contaminantes, el agua sale más limpia de como entró (a la planta), pero no cumple su función de tratar el agua para ciertas condiciones”.En 2015 se detectó que al menos 51 personas que vivían en el municipio de Poncitlán tenían daños de consideración en los riñones. Aunque un estudio que hizo la Universidad de Guadalajara (UdeG) en esa localidad concluyó que cinco de cada 10 habitantes padecían enfermedades renales.El mismo estudio reveló que en la orina de los enfermos había herbicidas y pesticidas que entraron al organismo por el agua que consumían.El 25 de enero de este año, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) acudió a las comunidades de Agua Caliente, San Pedro Itzicán y Chalpicote, afectadas por la contaminación de la cuenca Lerma Santiago Pacífico, para saber sus necesidades.Según el DIF, el subdirector general de operación, Juan Carlos Martín Mancilla, y el titular de fortalecimiento municipal, Israel González Ramírez, visitaron las comunidades “a fin de conocer la situación que viven las familias e implementar acciones que mejoren su situación de vulnerabilidad”, se informó.Los habitantes pidieron orientación alimentaria para el cuidado de enfermos renales y una unidad de hemodiálisis. Hace una década, el Gobierno de Jalisco buscaba rehabilitar las plantas de tratamiento de aguas residuales que lo necesitaran.A pesar de que se hizo un anuncio a todos los ayuntamientos que tenían equipos deteriorados, sólo 80 respondieron al llamado y, de éstos, 60 pidieron ayuda para abastecimiento de líquido a sus habitantes, en saneamiento o en ambos rubros. El plan, anunciado durante el periodo de César Coll Carabias al frente de la CEA, era que el Ejecutivo estatal apoyara a los municipios “ahogados” en aguas negras. Para hacer esto posible, los ayuntamientos debían cubrir 70% del costo total de la rehabilitación y el Estado cubriría el resto, además de apoyar con la capacitación y revisión periódica, a fin de que estuviera funcionando correctamente.Se indicó que el saneamiento integral sólo sería posible de esta manera por la falta de capacidad, dinero e interés de ciertos municipios. Pero en 2011, el plan se estancó por falta de fondos. Un año después, la CEA anunció que su presupuesto 2013 tendría 30 millones extra para el restablecimiento de 24 plantas en los primeros dos meses (antes de que iniciara la administración de Aristóteles Sandoval).Hasta el corte de diciembre de 2018, la cifra de plantas de tratamiento sin operar aumentó de 53 a 93. De acuerdo con el estudio “Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dos mil 100 millones de personas en el mundo carecían de acceso a agua potable en su hogar en 2017, y seis de cada 10, o cuatro mil 500 millones, carecen de un saneamiento seguro.
