El debate sobre la protección legal de los políticos ha dado un giro inesperado este 2 de mayo de 2026. Arturo Zaldívar, actual Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para explicar una creencia que comenzó a comentarse en medio del escándalo que atraviesa Rubén Rocha Moya.Según el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es incorrecto decir que un gobernador o presidente municipal con licencia mantenga su protección legal. Esta aclaración responde directamente a la situación de Rubén Rocha Moya, quien recientemente se separó de su cargo en el estado de Sinaloa.Arturo Zaldívar explicó que el "fuero" no es un escudo personal ni un pase de impunidad. En realidad, se trata de una garantía que protege exclusivamente el ejercicio de la función pública. Si el funcionario ya no ejerce, la protección desaparece de forma inmediata. Para entender esto, debemos mirar lo que dicta la ley. La mal llamada figura del fuero es, en términos jurídicos correctos, una inmunidad procesal. Su objetivo original no es solapar delitos, sino evitar que los funcionarios sean procesados penalmente por motivos políticos o venganzas partidistas.Sin embargo, el artículo 111 de la Constitución Mexicana establece reglas claras. Para que un servidor público en funciones sea juzgado, la Cámara de Diputados debe emitir primero una declaratoria de procedencia. Este es el mecanismo legal que "levanta" la barrera protectora.La revelación clave de Zaldívar es que este proceso legislativo es totalmente innecesario cuando hay una licencia de por medio. Al separarse de sus funciones, figuras como Rubén Rocha Moya o el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, pueden ser detenidos y procesados como cualquier otro ciudadano común.La salida temporal de Rocha Moya ha sacudido el tablero político estatal y nacional. Tras la aprobación de su licencia, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa.Este movimiento administrativo dejó a Rocha Moya en una posición vulnerable ante la ley. Al no estar al frente del Ejecutivo estatal, cualquier investigación o proceso penal en su contra podría avanzar sin los obstáculos burocráticos tradicionales que enfrentan las fiscalías.Zaldívar también recordó que existen múltiples precedentes del Poder Judicial de la Federación que respaldan esta interpretación. No se trata de una opinión aislada del Consejero Jurídico, sino de la aplicación estricta de la jurisprudencia mexicana vigente.-Esa nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF
