Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen del llamado “Plan B” en materia electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y previamente avalado por el Senado hace dos semanas. La discusión se desarrolló en poco más de dos horas, con 24 intervenciones breves. Al final, la iniciativa obtuvo respaldo mayoritario con 60 votos a favor —de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano— y 13 en contra, principalmente de PRI y PAN.El proyecto será llevado al Pleno de San Lázaro, donde se prevé su discusión y votación, además del análisis de reservas y posicionamientos particulares por parte de los legisladores.Desde la bancada del oficialismo, legisladores defendieron la reforma al señalar que busca reducir gastos excesivos en organismos electorales y eliminar privilegios.La diputada Lilia Aguilar Gil sostuvo que la propuesta promueve que ningún funcionario público, incluidos consejeros y magistrados electorales, perciba salarios superiores al de la Presidencia.Además, criticó las prestaciones actuales de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, al considerar que reflejan excesos heredados de administraciones anteriores.Por su parte, Carmen Bautista afirmó que la reforma permitirá generar ahorros superiores a los 4 mil millones de pesos al reducir gastos en órganos electorales y gobiernos municipales.Estos recursos, dijo, podrían redirigirse a infraestructura y necesidades sociales, marcando un cambio hacia un modelo más eficiente y responsable.En la misma línea, el diputado Humberto Aldana aseguró que la iniciativa consolida un esquema de austeridad republicana y mejora el uso del gasto público.En contraste, legisladores del PRI y PAN cuestionaron la reforma al considerar que podría debilitar las instituciones democráticas.El diputado César Domínguez señaló que la propuesta podría ser una “cortina de humo” frente a problemas como la inseguridad y las finanzas públicas, además de carecer —dijo— de estudios claros sobre su impacto real.Asimismo, Emilio Suárez Licona advirtió que el plan podría afectar el federalismo al imponer límites desde el nivel central a congresos locales, ignorando su autonomía.También alertó que aplicar criterios de austeridad al INE podría comprometer la organización de elecciones, al tratar una función altamente especializada como si fuera administrativa.Desde el PAN, la diputada Noemí Luna coincidió en que la iniciativa no generaría ahorros significativos y, además, presenta deficiencias técnicas.Argumentó que muchos estados ya destinan bajos porcentajes de presupuesto a sus congresos y que la reducción de regidores tendría un impacto limitado. Aunque Movimiento Ciudadano expresó cuestionamientos durante el debate, finalmente votó a favor del dictamen, contribuyendo a su aprobación en comisiones. EE
