Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario, socio y amigo cercano de Andrés y Gonzalo López Beltrán, ha vuelto al centro del debate político. De acuerdo con el análisis publicado este jueves por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión, el empresario tramitó un juicio de amparo indirecto ante la justicia federal para averiguar si existen órdenes de aprehensión vigentes en su contra por parte de diversas fiscalías e instancias de gobierno.El expediente fue resuelto el pasado 28 de mayo por el juez Primero de Distrito en Materia Penal, Carlos Alberto Rico, quien sobreseyó el juicio promovido por Olán Aparicio. Según explica el articulista, se trató de lo que jurídicamente se conoce como un “amparo buscador”, en el que se requiere a las autoridades que informen sobre la existencia de mandamientos judiciales activos. Las diez instancias consultadas por el juzgador negaron la emisión de órdenes de aprehensión en ese momento. Sin embargo, la revisión del expediente dejó al descubierto tanto las fiscalías consultadas como los delitos específicos que motivaron la preocupación del empresario.Según detalla Raymundo Riva Palacio, la solicitud promovida por el socio de los hermanos López Beltrán obligó a pedir informes previos a dependencias estratégicas y centros penitenciarios de la capital del país.Entre las autoridades e instituciones requeridas en el juicio figuraron:En su análisis, el periodista Riva Palacio señala que los delitos contemplados en la petición de amparo exponen las áreas donde Olán Aparicio temía posibles acciones judiciales, muchas de las cuales han sido objeto de investigaciones periodísticas:Contrabando de combustible: Vínculos entre la firma Portacelis Gas and Oil y la proveedora estadounidense Ikon Midstream, investigada por operaciones irregulares de importación.Obras de infraestructura: Presuntas irregularidades contractuales y operativas en el Tren Maya y el Tren Interoceánico.Sector salud: Adjudicaciones millonarias a través de su empresa Romedic para la distribución de medicamentos en gobiernos estatales con fondos federales.Tráfico de influencias y corrupción: Contratos públicos otorgados durante la administración saliente.Nexo con el crimen organizado: Posibles nexos con el Cártel Nueva Generación señalados a partir de grabaciones telefónicas filtradas a los medios.Raymundo Riva Palacio expone además que Amílcar Olán se radicó en Suiza desde el año pasado, habiendo transferido al extranjero cerca de tres mil millones de pesos, de acuerdo con datos en posesión de autoridades mexicanas. Asimismo, el articulista destaca que fuentes estadounidenses señalan que el empresario habría sostenido conversaciones con agentes federales de ese país para explorar un acuerdo de cooperación.El contexto cobra relevancia tras reportarse reuniones políticas de alto nivel en la Ciudad de México y avances en investigaciones en Estados Unidos vinculadas al contrabando de hidrocarburos. En el ámbito local, trascendió recientemente que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Portacelis Gas and Oil por una presunta defraudación fiscal de más de 800 millones de pesos.Aunque formalmente no se ha emitido una orden de aprehensión en los registros consultados, Riva Palacio concluye en su columna respecto a la postura de las autoridades: “Son muchas coincidencias para ser coincidencias, pero la realidad es que la inacción contra Olán Aparicio es blindaje dorado para los López”.Con información de Raymundo Riva Palacio*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
