Jorge Amílcar Olán Aparicio, el íntimo amigo y socio de Andrés y Gonzalo, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, está de regreso a la conversación. Apareció ayer de la nada durante la mañanera presidencial, pero flota con fuerza en el ambiente político tras su encerrona, revelada por Héctor de Mauleón el lunes en “El Universal”, de los empresarios López Beltrán, con otro empresario de verdad, Juan Domingo Beckman, y el diputado Daniel Asaf, compañero de viaje de Andrés, que fue jefe de la ayudantía de su padre en la Presidencia. Su caso ha trascendido, está en la mayor de las preocupaciones de Andy —aunque no se sabe si fue tema en la cena—, aunque de manera deliberada o coincidente empezó a circular un amparo que solicitó el autoexiliado socio de los López Beltrán, para evitar ser detenido en México.El amparo fue resuelto el 28 de mayo de este año por el juez Primero de Distrito en Materia Penal, Carlos Alberto Rico, que sobreseyó el juicio de amparo que interpuso Olán Aparicio contra los actos de autoridades. Fue lo que se conoce coloquialmente entre los abogados como un “amparo buscador”, en donde se pide al juez que solicite a las instancias que indique si existe una orden de aprehensión en su contra. El juez preguntó a 10 instancias, que negaron los actos que se les atribuían. En lenguaje menos técnico, respondieron que no tenían ninguna orden de aprehensión contra él.Eso no significaba que no existiera una posterior, o una obsequiada por un juzgado al cual no preguntó —como los más comunes en delitos federales, El Altiplano, Puente Grande o Tepic—, pero una revisión realizada ayer en los sistemas arrojó que, hasta el momento de escribir esta columna, no se había girado ninguna orden de aprehensión en su contra. Lo interesante de la resolución del juez Rico, sin embargo, por la información que arroja, es a qué instancias pidió Olán Aparicio preguntar:En su petición de amparo, en una segunda ola de información reveladora, Olán Aparicio mostró cuáles son los delitos por los que teme podrían girarle órdenes de aprehensión, y que de manera resumida comprenden:Olán Aparicio se fue de México el año pasado y se instaló en Suiza, llevándose con él —mediante transferencias electrónicas— alrededor de tres mil millones de pesos, de acuerdo con información que tienen las autoridades mexicanas. Una fuente estadounidense reveló también en su momento, que estaba hablando con agentes federales de ese país para llegar a un acuerdo de cooperación.Los amparos que ha presentado en México, porque el de finales de mayo no fue el primero, revelan la preocupación que tiene por una acción legal en México, puesto que si el Gobierno decidiera actuar en su contra, podría pedir una ficha de notificación de Interpol para pedir su extradición. El Gobierno no lo ha hecho, hasta ahora, pero en Estados Unidos avanzan las investigaciones sobre el contrabando de combustible donde están presuntamente involucrados varios personajes de la nomenklatura obradorista, como el mismo Andy.Se desconoce que motivó la encerrona en un restaurante en la colonia Condesa el 24 de agosto, el día en que se dio la crisis en el Congreso de Culiacán, donde los leales al gobernador Rubén Rocha Moya trataron de sabotear que el interinato fuera ocupado por alguien contrario a los intereses rochistas, tras recular en su asonada política.El contexto en el que se dio ayuda a entender ese momento, que tuvo como un detonante la revelación del 27 de julio, que Portacelis Gas and Oil había comprado diésel a Ikon Midstream, una empresa estadounidense investigada por autoridades de Estados Unidos por operaciones relacionadas con combustible. Versiones periodísticas, no desmentidas, señalaron posteriormente que sus instalaciones en Houston habían sido cateadas por agentes federales estadounidenses en abril.La cena fue 10 días después de que Andy revelara que Estados Unidos le había cancelado su visa, tras declaraciones en Washington que estaban ampliando sus acciones contra obradoristas, presuntamente vinculados con el crimen organizado. Cinco días después de la famosa encerrona, se informó que el SAT pidió a la Fiscalía General investigar a Portacelis Gas and Oil, por una defraudación fiscal de más de 800 millones de pesos, relacionada con el presunto contrabando de combustible desde Estados Unidos.El corolario de esta sucesión de hechos fue la revelación en “El Universal” el martes que Beckman y Mauricio Garduño, que lo acompañó a la cena, y muy cercano a la familia Slim, constituyeron una empresa en 2020 para invertir en puertos y suministros de combustible, el negocio que tiene a Olán Aparicio y a los López Beltrán en la mira estadounidense.Son muchas coincidencias para ser coincidencias, pero la realidad es que la inacción contra Olán Aparicio es blindaje dorado para los López.rrivapalacio2024@gmail.comX: @rivapa_oficial
