La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) urgió a las autoridades a reforzar los protocolos de seguridad en las escuelas del país, tras el ataque armado registrado en la preparatoria privada Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde murieron las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla.El organismo advirtió que este hecho evidencia fallas estructurales en la protección de los planteles educativos y en la prevención de la violencia entre adolescentes. En un comunicado, llamó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a fortalecer programas de salud mental, prevención de violencia y detección de señales de alerta, además de garantizar capacitación continua para docentes y directivos en materia de seguridad escolar.“Este hecho no es un incidente aislado, sino la manifestación más dolorosa de la falta de condiciones de seguridad en nuestros centros educativos y de la impunidad que permite que armas de alto poder lleguen a manos de menores”, señaló la UNPF.La organización también exhortó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a implementar de inmediato un protocolo integral que incluya revisión de accesos, detección temprana de riesgos y coordinación con fuerzas de seguridad para proteger a estudiantes y personal educativo.En paralelo, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del arma utilizada -presuntamente un fusil AR-15- y determinar posibles responsabilidades de adultos. El fiscal Carlos Torres indicó que el arma fue tomada del domicilio del menor y que no es de uso exclusivo del Ejército, aunque sí es común en algunas corporaciones policiales. Las autoridades también buscan localizar el teléfono del joven para profundizar en las motivaciones del ataque. No se descarta una posible relación con la ideología “incel”, una subcultura difundida en redes sociales. “Vamos a continuar con el trabajo pericial y la entrevista del menor, con apoyo psicológico”, afirmó el funcionario.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el caso como “muy doloroso” y adelantó que el Gobierno federal ya trabaja en un programa integral de salud mental que contempla capacitación docente, contratación de especialistas y guías para estudiantes y familias.“La situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. Queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita”, sostuvo.Agencias CT
