La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la consulta sobre derechos indígenas se extiende para garantizar que las voces de las comunidades realmente manden.La trascendental decisión fue anunciada este lunes 12 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Resistencia Indígena. Durante un encuentro sin precedentes celebrado en el Primer Patio Mariano del Palacio Nacional, la mandataria confirmó ante cientos de asistentes que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos no será enviada al Congreso de la Unión hasta lograr un consenso total y absoluto con los involucrados.El freno al trámite legislativo no fue una casualidad ni un retraso burocrático, sino una respuesta directa y respetuosa a la petición de Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo tojolabal originario de Las Margaritas, Chiapas. Durante su intervención en la mesa de diálogo, ella entregó una propuesta comunitaria detallada y solicitó formalmente prolongar los plazos de revisión, argumentando que las asambleas locales necesitan analizar a fondo el documento antes de dar su aval definitivo para su aprobación.Originalmente, la administración del Gobierno federal tenía programado presentar el ambicioso proyecto de ley este mismo lunes para coincidir con la efeméride histórica. Sin embargo, Claudia Sheinbaum dejó claro que la legislación secundaria debe emanar directamente de los pueblos, tal como lo mandata el artículo segundo de la Constitución. "Teníamos la idea de que a lo mejor el 12 de octubre se podía entregar, pero ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión, y hasta que ustedes no nos digan: 'ya está', pues entonces no la presentamos", enfatizó la Presidenta.Este ejercicio de diálogo horizontal y democrático reunió a delegados de los 69 pueblos originarios de México y a los representantes de la comunidad afromexicana. En este espacio de intercambio, se remarcó un principio de igualdad jurídica fundamental, donde las poblaciones históricamente marginadas ahora tienen la última palabra sobre las normativas que regirán sus territorios, la administración de sus recursos naturales y sus formas tradicionales de organización política y social. El proceso para construir esta legislación ha sido uno de los más exhaustivos en la historia reciente del país. Según los datos revelados por Adelfo Regino Montes, actual director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), hasta el momento se han llevado a cabo 77 asambleas regionales de consulta y 19 mesas de trabajo especializadas. Estos foros participativos, que iniciaron formalmente el pasado 29 de junio, han logrado recopilar un total de 2 mil 287 aportaciones ciudadanas que buscan enriquecer el texto final.Entre los temas más relevantes y urgentes que busca blindar esta nueva ley se encuentra la creación oficial del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM). Además de este mecanismo financiero, la iniciativa pretende dar certeza jurídica inamovible a los Planes de Justicia regionales, garantizar la continuidad presupuestal de los caminos artesanales y fortalecer el reconocimiento legal de la propiedad comunal tradicional frente a intereses externos.Para comprender la magnitud de esta decisión y cómo afectará el desarrollo de las políticas públicas en los próximos meses, aquí te presentamos los datos más relevantes del proceso: Con esta histórica ampliación del periodo de consulta, el gobierno manda un mensaje contundente sobre su nueva forma de hacer política: las leyes que impactan a las minorías ya no se redactan en secreto desde los escritorios de la capital. Ahora, el verdadero reto institucional será mantener viva la organización comunitaria y asegurar que cada una de las propuestas entregadas se traduzca en derechos tangibles, respeto a la autonomía y un presupuesto real para quienes han esperado justicia durante siglos.JM
