La Cámara de Diputados analiza una modificación fiscal que podría elevar los costos para algunas empresas de autotransporte en México, al restringir el acceso al estímulo por el pago de peajes en autopistas de cuota. La medida está contemplada en la propuesta de Ley de Ingresos de 2027 y ha generado preocupación entre representantes del sector por sus posibles efectos en las cadenas de suministro y los precios al consumidor.De acuerdo con información difundida por El Universal el lunes 12 de octubre, la iniciativa plantea reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales de las empresas que pueden acceder a este beneficio fiscal.El estímulo permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta 50% del gasto realizado en casetas. Aunque el porcentaje de acreditamiento se mantendría, el cambio podría dejar fuera a compañías que actualmente cumplen con los requisitos.La modificación propuesta reduciría el umbral de ingresos para acceder al estímulo fiscal, por lo que algunas empresas dejarían de beneficiarse de este mecanismo si sus ingresos anuales superan los 250 millones de pesos.Según los argumentos expuestos por representantes del sector, la restricción incrementaría la carga fiscal de las compañías afectadas y presionaría sus márgenes operativos, particularmente en un contexto de mayores gastos por combustibles, peajes, seguros y seguridad carretera.La medida todavía se encontraba en discusión legislativa al momento de la publicación de la información, por lo que sus posibles efectos dependerán del contenido definitivo de la Ley de Ingresos de 2027.La preocupación de los transportistas se produce en un escenario de incrementos en distintos componentes de sus costos de operación.De acuerdo con las cifras citadas en la información del sector, durante 2026 las tarifas de peaje aumentaron en promedio 9.7%. En el mismo periodo, el precio del diésel pasó de 26.12 a 26.99 pesos por litro.El impacto económico estimado de este incremento en el combustible asciende a 39 mil 400 millones de pesos para el sector, según los datos difundidos.Además, durante 2025 las empresas de autotransporte realizaron pagos por 49 mil 285 millones de pesos en autopistas y puentes de cuota, así como mil 154.2 millones de pesos por derechos, productos y aprovechamientos federales.A estos gastos se suman los costos asociados con los seguros de mercancías, afectados por los riesgos de robo e inseguridad en las carreteras.Uno de los principales argumentos de los representantes del autotransporte es que un aumento en los costos logísticos podría trasladarse a otros sectores de la economía.El transporte de carga representa, de manera general, entre 10% y 25% del costo total de venta de un producto en México, de acuerdo con las cifras citadas por el sector.Por ello, las empresas advierten que una mayor carga fiscal podría repercutir en las tarifas que cobran por trasladar mercancías. Si esos incrementos se trasladan a fabricantes, distribuidores y comercios, algunos productos podrían encarecerse para los consumidores.No obstante, el impacto final dependerá de factores como la proporción de empresas afectadas, la capacidad de los transportistas para absorber costos adicionales y las condiciones de cada mercado. Por ahora, no se ha establecido un aumento generalizado de precios derivado de la propuesta.La discusión legislativa plantea un dilema entre modificar las condiciones de acceso a un estímulo fiscal y mantener un mecanismo que, según los transportistas, contribuye a contener los costos del traslado de mercancías.Las organizaciones vinculadas con el autotransporte han advertido sobre las posibles consecuencias de restringir el beneficio, especialmente por la presión que ya enfrentan las empresas en materia de combustible, peajes y seguridad.La decisión de los diputados definirá si se modifica el límite de ingresos para acceder al estímulo por pago de casetas. Hasta que concluya el proceso legislativo y se conozca el texto aprobado, el cambio debe considerarse una propuesta y no una medida fiscal definitiva. EE
