A pesar del entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y los cambios en el marco jurídico derivados de la reforma judicial, al menos 80 empresas han manifestado su interés en participar en proyectos mixtos de generación eléctrica en asociación con la Comisión Federal de Electricidad.Durante el 4º Foro de Energía e Infraestructura organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, representantes del sector privado destacaron que el apetito por invertir en el país sigue vigente, particularmente en el sector energético.De acuerdo con los datos presentados, el 90% de las empresas interesadas son extranjeras, mientras que el 10% corresponde a capital nacional. Cada proyecto contempla inversiones cercanas a los 100 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y relevancia de estas iniciativas.Rodrigo García Castillo, gerente de Finanzas de CFE Capital, informó que se alistan 19 proyectos de transmisión eléctrica con un valor aproximado de 7 mil millones de pesos, los cuales entrarían a concurso durante este año.Estos proyectos contemplan la construcción de subestaciones, reemplazo de equipos especializados, desarrollo de infraestructura de transmisión y sistemas de respaldo para fortalecer la operación de la CFE. Se prevé que las obras inicien entre 2027 y 2028.Especialistas de calificadoras como HR Ratings y Fitch Ratings, así como representantes de empresas del sector energético, coincidieron en que existe liquidez suficiente para financiar estos proyectos.Sin embargo, advirtieron que la clave estará en la claridad de las reglas. “El diablo está en los detalles”, señalaron, al subrayar que la certeza jurídica será fundamental para consolidar la confianza de los inversionistas.En este contexto, la reforma judicial ha generado inquietud en los mercados, afectando la percepción de riesgo y frenando decisiones de inversión en algunos casos.En el análisis del panorama sectorial, expertos destacaron la importancia de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.A diferencia de administraciones anteriores, consideraron que esta iniciativa busca devolver institucionalidad a las dependencias encargadas de los proyectos, lo que podría generar mayor confianza en el sector privado.No obstante, subrayaron que para que los proyectos sean viables deben cumplir con dos criterios fundamentales: ser financieramente sólidos —“pasar la prueba de la risa”— y contar con una fuente clara de pago.Entre los principales obstáculos identificados se encuentran factores regulatorios y sociales. Los especialistas señalaron que la influencia de organizaciones ambientales y la variabilidad en las consultas indígenas en distintas entidades federativas pueden incrementar los costos operativos y retrasar los proyectos.Asimismo, advirtieron que, aunque el nuevo Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura tendrá un carácter técnico, las decisiones finales podrían estar influenciadas por criterios políticos.Finalmente, los participantes expresaron una confianza cautelosa en la operación del fideicomiso maestro que acompañará estos proyectos, el cual será clave para garantizar su viabilidad financiera.Aunque el Plan México representa una visión ambiciosa para el desarrollo de infraestructura, coincidieron en que su éxito dependerá en gran medida de la estabilidad jurídica y de reglas claras que permitan reducir el riesgo para la inversión privada.MF
