La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, con la cual se transforma a la corporación en una Fuerza Armada dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eliminando su carácter civil. Además, se otorga la facultad a los militares para ocupar cargos de elección popular y puestos en los tres niveles de Gobierno, lo que ha generado una fuerte polémica tanto dentro como fuera del Congreso.El nuevo marco legal confiere a la Guardia Nacional una serie de atribuciones adicionales, como la realización de tareas de investigación e inteligencia, operaciones encubiertas y la intervención de comunicaciones privadas. Estos cambios son vistos por sus detractores como un paso más hacia la militarización de la seguridad pública en México.El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, miembro de Morena, defendió la reforma, asegurando que las funciones establecidas en la nueva ley son eminentemente civiles.Sin embargo, los legisladores de la oposición han expresado sus críticas, argumentando que la reforma representa un avance significativo en la militarización de la seguridad pública.Además, alertaron sobre el riesgo de que la Guardia Nacional sea utilizada para espiar a quienes se oponen a las políticas del Gobierno federal.El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, recordó que la Policía Federal, antes de su desaparición, también incorporaba a miembros del Ejército y la Marina sin que se desataran protestas similares. No obstante, otros opositores, como el diputado Guillermo Anaya Llamas (Acción Nacional), calificaron la reforma como una “Ley espía”. Aunque la nueva ley establece controles judiciales para la intervención de comunicaciones, Anaya advirtió que las futuras reformas en materia de seguridad y de inteligencia permitirán que el Gobierno reciba información de las compañías telefónicas sobre la ubicación GPS de los ciudadanos en tiempo real, sin restricciones.Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira denunció que las reformas buscan crear un clima de vigilancia y control absoluto, con el objetivo final de instaurar una dictadura en el país.Expertos en seguridad y derechos humanos, como Arturo Villarreal Palos, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, señalan que este cambio incumple los compromisos internacionales de México.Acentúa que la reforma federal contraviene los acuerdos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.Por su parte, Anuar García, presidente de SOS Capítulo Jalisco, consideró que este cambio marca el paso definitivo hacia la militarización del país.Recordó que el mando civil que teóricamente debía liderar la Guardia Nacional nunca fue respetado, y la corporación ya estaba dirigida por un mando militar. CT