La iniciativa del diputado local de Morena Alberto Vanegas, busca reformar el Artículo 9 de la Constitución capitalina para penalizar toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos característicos que la ley señale; tales como la producción, distribución y vendimia de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas. En la exposición de motivos de la iniciativa se debate que el auge en el amplio consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos ha desencadenado un debate multidimensional que involucra a la salud pública, la regulación gubernamental y los intereses económicos. A pesar de que en un principio fueron catalogados como una forma "menos nociva" para la reducción del daño en personas fumadoras adultas, su ágil proliferación despertó preocupaciones sobre sus efectos secundarios en terminología de su consumo a largo plazo. Uno de los principales retos regulatorios radica en la evidencia concluyente sobre sus efectos a largo plazo. Mientras que algunas investigaciones sugieren que los vapeadores contienen menos sustancias tóxicas en comparación con los cigarrillos tradicionales, estudios del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado la presencia de compuestos nocivos, como el formaldehído y el acetaldehído, además de la nicotina, que genera adicción y afecta el desarrollo cerebral en jóvenes. La regulación de los vapeadores, según la propuesta, debe equilibrar la protección de la salud pública con la realidad del consumo y la evolución del mercado. Ante la falta de consenso global y la evidencia aún en desarrollo, los gobiernos enfrentan el reto de diseñar políticas basadas en principios de prevención, control y educación, evitando tanto la liberalización excesiva como la prohibición ineficaz. La implementación de enfoques prohibicionistas en materia de salud pública no necesariamente aborda de manera efectiva los riesgos asociados con el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. La prohibición total no elimina la circulación de estos productos ni garantiza el control de las sustancias potencialmente peligrosas que contienen. De hecho, puede fomentar el comercio ilegal, dificultando la supervisión de estándares de calidad y seguridad. En lugar de recurrir exclusivamente a medidas prohibitivas, resulta fundamental explorar alternativas regulatorias basadas en la evidencia científica, tales como restricciones de comercialización, etiquetado claro sobre los riesgos, controles de acceso por edad y campañas de concientización sobre sus efectos a largo plazo. Desde una perspectiva jurídica, es oportuno establecer un principio constitucional que prohíba y sancione el uso de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas que no cuenten con autorización legal. Esto permitiría fortalecer el marco normativo para regular la composición de estos dispositivos y proteger la salud pública sin recurrir a medidas extremas que podrían resultar contraproducentes. MC
