Con el respaldo de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó una reforma impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar la crisis de desapariciones en México. El dictamen, que ahora será turnado a la Cámara de Diputados, contempla modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de Población y otras normativas relacionadas.La propuesta surge tras el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se localizaron restos humanos que evidencian la magnitud del problema. La reforma busca dotar al Estado de herramientas tecnológicas y jurídicas para agilizar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, fortaleciendo los mecanismos institucionales con un enfoque centrado en los derechos humanos.Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de la Plataforma Única de Identidad, la cual integrará registros como el de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, bases de datos administrativas y otros sistemas relevantes. Esta plataforma permitirá una coordinación interinstitucional más eficaz en tareas de búsqueda e investigación.Otro elemento importante es la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que incluirá datos como huellas dactilares y fotografía. Este documento de identificación -con validez legal a nivel nacional y disponible en formatos físico y digital- pretende facilitar la localización de personas al permitir consultas en tiempo real en diversas bases de datos oficiales.La reforma también establece la obligación para autoridades de los tres órdenes de gobierno y particulares que administren bases de datos biométricos de compartir esta información con instancias como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y las corporaciones de seguridad pública, siempre en el marco de las tareas de búsqueda e investigación de personas desaparecidas.La aprobación generó críticas desde la oposición. La senadora Karla Toledo, del PRI, advirtió que la inclusión de datos biométricos en la CURP representa un riesgo para la privacidad de los ciudadanos, al considerar que puede derivar en un mecanismo de vigilancia masiva. También cuestionó la eficacia de esta medida como herramienta real para enfrentar las desapariciones.No obstante, legisladores de Morena defendieron la reforma, argumentando que la utilización de la tecnología avanzada y una mayor coordinación entre dependencias es indispensable ante la magnitud de la crisis. Recordaron que actualmente hay más de 114 mil personas desaparecidas en México, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.De aprobarse en la Cámara de Diputados, representaría una de las principales apuestas del gobierno federal de Claudia Sheinbaum para enfrentar una de las crisis humanitarias más graves del país, en donde Jalisco es líder desde hace tres sexenios. Las comisiones del Senado aprobaron el dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque se eliminaron cláusulas de censura, como el Artículo 109 -que facultaba al Gobierno para bloquear temporalmente plataformas digitales-, legisladores de oposición advirtieron que persisten riesgos serios para la privacidad y la libertad de expresión. Se prevé que sea discutido y votado hoy en el pleno. Entre los cambios más significativos destaca la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá sus funciones bajo control del Poder Ejecutivo. Además, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.Aunque se eliminó el polémico Artículo 109, se mantuvo el 209, fracción IX, que permite a la Secretaría de Gobernación suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad proveniente de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales, turísticos o deportivos. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, denunció la inclusión encubierta de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, camuflado en el transitorio trigésimo del dictamen. “Hay tres puntos que son inadmisibles: el padrón disfrazado, la geolocalización sin control judicial y la censura por interpretación. Si no se corrigen antes de la votación en el pleno, opacarán cualquier avance logrado en el dictamen”. CT
