Aunque fue sorprendido en flagrancia al exterior de una vivienda, con los objetos robados en su poder y detenido en el momento por policías de Guadalajara, un ratero recuperó su libertad debido a los errores procesales.El imputado debía presentarse el pasado 10 de junio a una audiencia de formulación de imputación; sin embargo, no acudió. Ante ello, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión para localizarlo y continuar con el proceso, pero hasta ahora el juez encargado del asunto no ha resuelto si concede esa medida. El juzgador ni siquiera aprobó prisión preventiva para evitar que se fugara.Los hechos ocurrieron en una finca de la Colonia Country Club, en Guadalajara. La abogada de la víctima, Livier Mercker, explicó que la carpeta de investigación contaba con pruebas suficientes para sustentar la acusación. Incluso, se documentó que el señalado carecía de un domicilio fijo donde pudiera ser localizado, circunstancia que representaba un riesgo de fuga.No obstante, el juez José Herminio Jasso determinó dejarlo en libertad debido a las inconsistencias detectadas en la detención, en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH) y en la integración de la investigación realizada por el Ministerio Público.“Nosotros solicitamos la fecha para la formulación de la imputación. Él quedó debidamente notificado dentro de la audiencia y debía presentarse el 10 de junio”, explicó la litigante. Señaló que, tras la liberación del imputado, se pidió fijar una nueva audiencia para informarle formalmente que era investigado por el delito de robo y que debía acudir voluntariamente ante la autoridad judicial. Sin embargo, tal como se preveía, el acusado no se presentó.Ahora corresponderá al juez decidir si gira una orden de aprehensión para garantizar su comparecencia. Mientras tanto, el proceso permanece detenido, pese a que existen elementos de prueba.El caso ilustra cómo los errores procesales pueden traducirse en impunidad, aun cuando existan indicios sólidos contra una persona. La audiencia inicial de formulación de imputación, que marca el arranque formal del proceso penal tras la recopilación de la evidencia, no podrá celebrarse hasta que el imputado sea localizado y puesto a disposición de la autoridad judicial.Especialistas coinciden en que estos casos evidencian fallas estructurales en el sistema de justicia. El abogado penalista Joseph Olid Aranda señala que, aunque el sistema acusatorio brinda mayores garantías, persisten deficiencias en fiscalías y juzgados. Añade que la saturación de expedientes y la falta de capacitación hacen que muchas resoluciones dependan más del criterio del juez que del fondo del caso.El académico del ITESO, Jesús Ibarra, sostiene que el Poder Judicial arrastra problemas relacionados con prácticas de influencia política e irregularidades administrativas. Cuestiona la ausencia de mecanismos eficaces de control y vigilancia sobre el manejo de recursos.La académica de la Universidad Panamericana, Bianka Llamas, considera indispensable fortalecer la capacitación de los juzgadores y agilizar la resolución de asuntos para evitar que los procedimientos se prolonguen innecesariamente.Los diagnósticos nacionales respaldan estas preocupaciones. Estudios de México Evalúa y Causa en Común ubican a Jalisco entre las Entidades con peores resultados en procuración de justicia, con un nivel de impunidad de 97.8% en los delitos denunciados. Jalisco figura entre las entidades con peores resultados en procuración de justicia del país. De acuerdo con estudios de México Evalúa y Causa en Común, la entidad registró un nivel de impunidad de 97.8 por ciento en los delitos denunciados e investigados, lo que significa que menos de tres de cada 100 casos lograron una resolución.Además, cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo cerca de 900 carpetas de investigación, por lo que la Fiscalía estatal registra la mayor carga laboral entre sus homólogas a nivel nacional.El informe Radiografía de la Impunidad en México 2024, elaborado por México Evalúa, señala que Jalisco se ubicó por encima de entidades como Morelos, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México en este indicador. El organismo advierte que las fallas ocurren a lo largo de todo el proceso penal, desde la denuncia hasta la conclusión de las investigaciones y los procedimientos judiciales.Asimismo, señala que en la entidad existe “una fuerte tendencia a suspender investigaciones sin una resolución de fondo, lo que sugiere una saturación estructural de la fiscalía y limitadas capacidades de investigación”.Por su parte, el estudio Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías, elaborado por Causa en Común, identificó a Jalisco como la entidad con la mayor carga de trabajo para los agentes del Ministerio Público en México. El reporte indica que cada agente ministerial tuvo bajo su responsabilidad un promedio de 896 carpetas de investigación durante 2024.En total se gestionaron 628 mil 273 casos, la cifra más alta del país, atendidos por apenas 701 agentes. En comparación, el Estado de México, segundo lugar en carpetas de investigación abiertas durante 2024, cuenta con mil 287 agentes del Ministerio Público. Ciudad de México, donde se iniciaron 511 mil 50 carpetas, dispone de dos mil 182 agentes.México Evalúa y Causa en Común coinciden en señalar problemas estructurales, falta de personal y limitadas capacidades institucionales para resolver delitos en Jalisco. Mientras el primer organismo alerta sobre los elevados niveles de impunidad y el rezago en la resolución de casos, el segundo advierte sobre la sobrecarga laboral que enfrenta la Fiscalía estatal. Ambos ubican a la entidad entre las peores del país en materia de procuración de justicia.
