Martes, 10 de Junio 2025

Valeria Márquez: ¿Por qué el caso se relaciona con la Ley Ingrid?

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la Ley Ingrid, creada con el objetivo de salvaguardar la dignidad y privacidad de las personas víctimas de violencia

Por: El Informador

La difusión del video de Valeria Márquez en redes sociales abre la discusión sobre la posible ampliación de esta ley. ESPECIAL

La difusión del video de Valeria Márquez en redes sociales abre la discusión sobre la posible ampliación de esta ley. ESPECIAL

El asesinato de la influencer Valeria Márquez, perpetrado el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, ha causado una profunda conmoción en la sociedad mexicana. El ataque ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok, lo que permitió que cientos de personas presenciaran su muerte en tiempo real. 

Tras el crimen, el video se difundió ampliamente en redes sociales, desatando una fuerte polémica sobre los límites éticos y legales en la publicación de este tipo de material.

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Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la Ley Ingrid, una normativa mexicana creada con el objetivo de salvaguardar la dignidad y privacidad de las personas víctimas de violencia, al impedir la difusión de imágenes, grabaciones o datos vinculados con procesos penales.

Si bien en un inicio fue pensada para castigar a funcionarios públicos que filtraran dicho contenido, la amplia distribución del video de Valeria Márquez en redes sociales abre la discusión sobre la posible ampliación de su alcance hacia el entorno digital y los particulares que comparten este tipo de material.

¿Por qué el caso de Valeria Márquez se relaciona con la Ley Ingrid?

Primero hay que recordar que la Ley Ingrid surgió como respuesta al feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020, un caso que cobró notoriedad por la divulgación de imágenes explícitas de su cuerpo, difundidas por servidores públicos. 

Esta normativa modificó el Código Penal Federal, imponiendo sanciones de hasta 10 años de cárcel a los funcionarios que filtren, distribuyan o publiquen material visual o información vinculada a investigaciones penales, particularmente cuando se trata de mujeres, menores de edad o personas con discapacidad.

En el caso de Valeria Márquez, si bien las imágenes no fueron divulgadas por funcionarios, su rápida propagación en redes sociales ha despertado inquietud por la posible revictimización de la joven y el daño emocional a sus seres queridos. 

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Ante esta situación, se ha planteado la necesidad de reformar la Ley Ingrid para que también contemple sanciones a ciudadanos que difundan este tipo de contenidos, sin importar cómo fueron obtenidos.

YC

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