La deuda que arrastran dependencias públicas con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) no se ha reducido, al contrario, en lo que va del año la cartera vencida ha crecido.En enero, los pasivos de los organismos públicos con el Ipejal ascendían a 827.4 millones de pesos (MDP). En ese entonces había una lista de 42 dependencias sin pagar sus aportaciones patronales.Al cierre de octubre, el adeudo se elevó a mil 233.7 MDP y la baraja de entes con atrasos en pagos también creció a 47.La suma de cuotas sin reportar aumentó a pesar de la reforma al Código Penal estatal, que entró en vigor en julio de 2013. La medida establece sanciones a los servidores públicos (tres a 15 años de prisión) por no pagar al Instituto, salvo que busquen un convenio de pago alterno.La paraestatal Servicios y Transportes (SyT) es el caso más representativo pues adeuda 259.5 MDP al Instituto (esto representa el 92% de su presupuesto anual). En total SyT tiene 231 quincenas vencidas.Los ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá tampoco han logrado regularizar su situación. Por ejemplo, la deuda tonalteca casi se duplicó en lo que va del año para sumar 109.4 MDP. Por otra parte, la comuna tapatía es la que más debe con un total de 403.1 MDP.Al respecto, el Ayuntamiento tapatío aseguró que el adeudo es ligeramente menor y obedece al “atraso en el reintegro por parte de la Federación del Impuesto sobre la Renta” correspondiente a mayo, junio, julio y agosto. A final de año, sostuvo la Comuna, liquidarán la deuda correspondiente a la retención de empleados.El Ayuntamiento de Tonalá no respondió a una solicitud de entrevista. Estanislao Solórzano Barón, experto en derecho laboral de la UdeG, señaló que la una reforma penal fue una solución equivocada cuando lo que se necesita es dar facultades al Ipejal en materia de cobranza.Requiere atribuciones para evitar retraso en pagosEl Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) requiere de “dientes” para poder obligar a los entes públicos a cumplir con las aportaciones de ley y garantizar que no se afecten los derechos de los trabajadores, señaló el doctor Estanislao Solórzano Barón, investigador de la División de Asuntos Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).El académico consideró que haber reformado el Código Penal para incluir el retraso en las cuotas como un delito no resuelve el problema, pues de fondo no impide que las administraciones públicas cumplan con un manejo adecuado de los recursos.“El conflicto desde el punto de vista burocrático es quien le exige al Estado, que en este caso es el patrón que cumpla con las aportaciones, muchas veces todo queda a una decisión política. El problema más grave es la legitimación que tenga pensiones para exigir los pasivos, porque ¿cuál sería el beneficio de llevar al funcionario a la cárcel si no se hacen los pagos?”, comentó.El especialista en Derecho Laboral dijo que los trabajadores afectados por el impago de los entes públicos pueden recurrir al Tribunal de Arbitraje y Escalafón para demandar que no se afecten sus derechos.Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso, Pilar Pérez Chavira, afirmó que es materia de una responsabilidad penal o administrativa para los titulares de las dependencias incumplidas. Explicó que podría derivar en la imposición de créditos fiscales.“Sin duda que hay responsabilidad. El tema es que, si no hay pago, pero existió la partida presupuestal, entonces hubo desvío del erario; en ese tenor, habrá responsabilidad de índole penal, además de la probable responsabilidad política que se pudiera acreditar”, argumentó la diputada panista. La legisladora señaló que los convenios que firma el Ipejal son una salida para evitar las sanciones que corresponden por el retraso. Apuntó que las Comisiones de Vigilancia y la de Hacienda podría intervenir.Añadió que su comisión no puede actuar de oficio y sostuvo que en su caso el trabajador afectado tendría que presentar denuncia penal o una solicitud de juicio político si existen las pruebas de violación a ley.TELÓN DE FONDO Señalaron desvíos en GuadalajaraEn agosto de 2015, antes de asumir la presidencia municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, denunció que durante la administración de su antecesor, Ramiro Hernández, se desviaron al menos 300 millones de pesos de los recursos de las aportaciones al Instituto de Pensiones.El entonces alcalde electo planteó que con la venta de un terreno al Gobierno del Estado se cubrirían 120 millones del pasivo.A más de dos años del anuncio, el Ayuntamiento tapatío no ha conseguido bajar la deuda con el Ipejal, por lo contrario, en enero se reportó en 231.1 millones y para la última quincena de octubre ascendió a 403.1.TABLA Los morosos con IpejalJM
