Por considerar que los hechos imputados al juez oral, Sergio Peña Sánchez, y al ex agente del Ministerio Público, Roberto Avilés, no eran constitutivos de los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de la justicia, se decretó la no vinculación a proceso.De esta forma, la inédita oportunidad para que el nuevo sistema de justicia probara su efectividad en el combate a los señalamientos por corrupción, ayer pasó de largo.El juez Segundo de Control y Juicio Oral, Juan José Rodríguez, determinó que la imputación era “técnicamente deficiente”, pues en sus argumentos no especificó la conducta que encuadra el abuso de autoridad y valoró que tampoco Avilés incurrió en los ilícitos. El juez señalado y el ex agente ministerial fueron denunciados por ejidatarios de El Zapote por los delitos de abuso de autoridad y cometidos contra la administración de la justicia. Todo inició con una denuncia interpuesta por el Aeropuerto de Guadalajara en contra de Arturo Esquerra, quien invadió un predio. El extrañamiento se desarrolló porque la investigación de Avilés se integró en tiempo récord (sólo 10 días), y porque el desalojo ocurrió sólo un día después de que el juez dictó las medidas, con un operativo integrado por 50 elementos de la Fuerza Única.Durante la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo que los señalamientos fueron “excesivos” porque sólo había una persona con seis vacas en el predio invadido.Este medio publicó que la Judicatura solicitó que Peña fuera separado de su cargo por otras medidas cautelares que otorgó para privar de sus derechos corporativos a socios del Guadalajara World Trade Center.Víctor Hugo Hernández, asesor de los ejidatarios, anunció que apelarán. “Vamos a agotar todos los medios en defensa de la ciudadanía, porque estábamos ante la posibilidad de un acontecimiento histórico: sentar en el banquillo del imputado a un juez de oralidad”.
