El Poder Judicial del Estado está reprobado en transparencia y en rendición de cuentas.De acuerdo con el informe “(In)Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México”, que se presentó en el Senado, ocupa el lugar 23 a nivel nacional en esta medición.Si bien en la evaluación se indica que todas las entidades tienen deficiencias, se acentúa que Jalisco obtuvo apenas 12.5 puntos de 100 por no registrar las sentencias emitidas, por no considerarlas de interés público y por no contar con políticas de transparencia proactiva.La organización destaca que actualmente el funcionamiento del Poder Judicial en México es un “camino abierto” a los excesos.“Las violaciones y vulneración de derechos, las malas prácticas y el abuso de poder quedan archivados, engavetados. Esta opacidad genera un sistema injusto, donde la ciudadanía no conoce sus derechos, ni los mecanismos o procesos para hacerlos exigibles”.Ante esta situación, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC), impulsa una iniciativa para realizar cambios al Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera que todas las sentencias se consideren de interés público y puedan ser consultadas de forma accesible por los ciudadanos.Con respecto a la posición de la Entidad en el estudio, el legislador comentó que es vergonzoso y resaltó que es necesario que los habitantes tomen en cuenta los ajustes que actualmente se discuten para reformar al Poder Judicial.Este medio de comunicación publicó que el gobernador Enrique Alfaro presentará una propuesta en el Congreso local que pretende modificar el mecanismo de nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, obligar a los jueces a que aprueben un examen de control de confianza y retirarles el haber de retiro.En mesa federal, Alfaro evidenciará a los corruptosEl gobernador Enrique Alfaro participará en una mesa que se instaló a nivel nacional para revisar la corrupción en el Poder Judicial. Destacó que aprovechará para dar a conocer casos ocurridos en el Estado. En el encuentro estarán el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.Durante la presentación del informe “(In)Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México”, evento que se llevó a cabo en el Senado de la República, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC), se comprometió a impulsar la iniciativa para modificar la Fracción II del Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de modo que se garantice que todas las sentencias emitidas por los juzgadores sean de interés público y puedan ser consultadas por los ciudadanos.A través de un comunicado se dio a conocer que a esta propuesta se sumaron las senadoras Verónica Delgadillo y Patricia Delgado, además de legisladores de otras bancadas.El reporte, elaborado por la organización Equis: Justicia para las Mujeres, se logró a través de solicitudes de información y concluyó, luego de dos años de investigación, que ninguno de los 32 poderes judiciales del país alcanza 50% de la puntuación deseada en materia de transparencia; es decir, todos están reprobados en esta medición.En el texto se acentúa que la desconfianza en el sistema y la escasa transparencia limitan el acceso a la justicia.“Cuando el Poder Judicial en México, órgano encargado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, discrimina e incumple con su deber, ¿quién garantiza nuestro derecho a la justicia? ¿Quién juzga a quienes juzgan? La transparencia es la única vía para garantizar que los poderes públicos están haciendo su trabajo adecuadamente”, se añade en el documento.Castañeda celebró el trabajo realizado por la organización, ya que su informe permitió conocer que solamente San Luis Potosí considera todas sus sentencias de interés público, mientras que Jalisco no considera ni una y tampoco ha publicado una sola, además de ubicarse en el lugar 23 a nivel nacional en esta materia.TELÓN DE FONDOEste medio de comunicación publicó ayer que la propuesta del gobernador, Enrique Alfaro, para modificar el mecanismo de nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (se prevé que se presente mañana en el Legislativo local) perfilaría que los juzgadores tengan un solo periodo de 10 años, y no como sucede actualmente, que se les designa por siete años con posibilidad de reelegirse por 10 más.El proyecto de reforma, que circuló extraoficialmente, añade a los requisitos para ser juzgador aprobar un examen de control de confianza. Si entra en vigor, a los actuales se les darían seis meses para que obtengan la certificación. Quienes no acaten la medida serían separados del cargo.Sobre el proceso de nombramiento, se plantea que el Congreso emita convocatorias y los interesados sean sometidos a una evaluación que aplicará y revisará una institución de educación superior.El diputado Héctor Pizano Ramos, vocal de la Comisión de Seguridad y Justicia, advirtió que las modificaciones que se discuten para combatir la corrupción en el Poder Judicial del Estado se deben cuidar para evitar que planteamientos inviables puedan atorarlas con amparos y suspensiones.El legislador recordó que en puntos como aplicar pruebas de control de confianza ya hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que las frenarían.Destacó que deben buscar las herramientas para transparentar la impartición de justicia y señaló que hace falta que el Judicial haga propuestas y aporte a las iniciativas que se han planteado.El emecista refirió que tampoco se podría suprimir el pago de haber de retiro al que tienen derecho los jueces y magistrados, pues en ese caso también la SCJN validó su vigencia.Sin embargo, hizo hincapié en revisar la situación de los jueces y el trabajo del Consejo de la Judicatura.
