Tan sólo este año, más de 30 policías municipales y estatales han sido detenidos acusados de distintos delitos como robo, extorsión, portación de droga, abuso policial, desapariciones forzadas y hasta homicidio, según un recuento realizado por este medio de comunicación.Entre los casos que impactaron a la sociedad está la muerte de Giovanni López, el joven que murió a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, luego de que lo detuvieran por no portar cubrebocas. Por este homicidio fueron detenidos en junio tres elementos de esa corporación, incluido su director.Justo después de ese hecho, al menos 14 policías de la Fiscalía estatal se vieron involucrados ese mismo mes en las desapariciones forzadas de decenas de jóvenes que se manifestaban pacíficamente para pedir justicia por Giovanni. Nueve de ellos fueron detenidos y sólo cuatro vinculados a proceso por abuso de autoridad.También resaltan las aprehensiones de cuatro agentes de Tlajomulco en julio pasado, acusados del homicidio de un hombre, así como la captura en agosto pasado de cinco elementos pertenecientes a la Policía de Casimiro Castillo, quienes de la misma forma son investigados por el asesinato de una persona a la que detuvieron.En otros hechos se han detenido a al menos ocho agentes por el delito de posesión de droga: cinco en mayo en Tuxcacuesco, uno junio en Guadalajara con un kilo de mariguana y otro más de la Policía de San Juan de los Lagos en marzo.En junio, dos agentes tapatíos fueron detenidos por sus mismos compañeros luego de que se les acusara de extorsionar a un hombre con poco más de cuatro mil pesos.Por medio de un video que circuló en redes sociales se conoció de dos policías de Tlaquepaque, quienes al parecer robaban a un ciudadano en una revisión y ahora son investigados.Alejandro Hope, analista en seguridad, comentó que el origen de las fallas reside en la falta de mecanismos de supervisión de los elementos, pero también en la deficiente capacitación de las corporaciones.“Hay un problema más sistemático que tiene que ver con una multiplicidad de cosas: Subinversión crónica, debilidad de los mecanismos de carrera policial, débiles mecanismos de control interna y supervisión externa. También una cultura de impunidad donde los abusos cometidos dentro o fuera de esa corporación no son sancionados. O son sancionados los policías de a pie y no en la carrera de mando”.“Muy pocas corporaciones cuentan con mecanismos de supervisión y con unidades de asuntos internos que funcionen con comisiones de honor y justicia, con herramientas que permitan controlar a estos cuerpos armados”, añadió.Los desarmes, dice, se quedan a medias porque abandonan los seguimientos y no hay un trabajo integral.“(Los desarmes) Si van solos no funcionan, tienen que ir acompañados de otras cosas y no hay el seguimiento a los procesos de reconstrucción de las corporaciones. Se les revisa, se les manda al control de confianza, se purgan, se van algunos elementos, pero no se resuelve esta crisis de control y déficit de rendición de cuentas que hay en las corporaciones”.No obstante esta crisis en las corporaciones policiacas, el Proyecto de Egresos de la Federación para el siguiente año propone eliminar casi cuatro mil millones de pesos que se destinaban a la mejora de seguridad en los municipios más violentos del país, mientras que prevé incrementar el presupuesto de la Guardia Nacional.“Las primeras víctimas de abuso policial son los propios policías. Y eso genera una cultura institucional de violencia que se ejerce hacia afuera, que surge de una violencia desde adentro”. Alejandro Hope, analista de seguridad.NR
