La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de integrantes de la comunidad indígena Nahua de Ayotitlán, Jalisco para garantizar su protección y seguridad. Las medidas fueron dirigidas al Estado Mexicano.Las medidas cautelares son en beneficio de J. Santos Rosales Contreras y otras doce personas integrantes de aquella comunidad quienes se encuentran en riesgo debido a su activismo en defensa de su territorio contra las actividades ilegales de explotación minera, así como amenazas por parte de grupos criminales que operan en la zona.“Se encuentran en riesgo debido a su labor de defensa del territorio ancestral indígena frente a actividades ilegales de explotación minera y actos de intimidación, amenazas de muerte, violencia y desapariciones, por parte del crimen organizado, entre otros actores. Hechos que ocurren desde 2015 hasta recientemente”, señaló en un comunicado la CIDH.La solicitud indica que siete personas de ellas están protegidas por el Mecanismo de Protección del Gobierno Federal, aunque este no estaría dando cumplimiento a los acuerdos y que hay acciones pendientes sobre los resultados de la reevaluación del mecanismo de protección.La misma solicitud acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de no haber respondido a las múltiples solicitudes de investigación de los delitos ocurridos y las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habrían sido cerradas.La CIDH tomó en cuenta la desaparición y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, uno de los líderes de la comunidad, hecho ocurrido en noviembre de 2023. La CIDH también recibió datos de amenazas contra otros activistas de la comunidad indígena.NA
