Los amparos contra la reforma al Poder Judicial, con la que se pretende evaluar a jueces y magistrados, mantienen empantanada su aplicación y la posibilidad de que inicien los procesos para nombrar a siete magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Érika Pérez, atribuyó los tropiezos de la legislación a las “prisas” por aprobarla sin tener consensos y sin cuidar la legalidad de las disposiciones.“Los nombramientos tendrán que esperar hasta que no se resuelvan los recursos jurídicos. Dijimos que era inconstitucional y que había excesos, si nos hubieran hecho caso se habrían evitado todos estos problemas para aplicar la ley”, dijo.El presidente de la fracción panista, Gustavo Macías, coincidió en que deben esperar lo que defina la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los alcances de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma.“Vamos a ver, primero, qué dice la Corte. No es fácil intentar modernizar el sistema de justicia en Jalisco, hay muchos intereses creados”, argumentó.El Supremo Tribunal de Justicia del Estado tiene vacantes siete magistraturas de juzgadores que anticiparon sus retiros este año. Además, se debe designar a un nuevo integrante del Consejo de la Judicatura del Estado.El Congreso tiene pendiente hacer adecuaciones al reglamento de su Ley Orgánica para armonizarlo con el nuevo mecanismo de nombramiento de magistrados. Las modificaciones estaban agendadas para votarse en la sesión del pleno del Legislativo el pasado miércoles 23 de octubre, pero se retiraron de la discusión tras la suspensión emitida por un juez federal a favor del magistrado Celso Rodríguez, misma que frenó los procesos de conformación del órgano interno de control del Poder Judicial.
