La Administración del presidente Donald Trump presentó una iniciativa para reforzar los controles en el acceso a los programas federales de vivienda, al exigir la verificación obligatoria de ciudadanía o estatus migratorio de los beneficiarios.El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EU (HUD, por sus siglas en inglés) dio a conocer la propuesta, que fue abierta a consulta pública. El documento señala que la sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980 —en su versión enmendada— impide al titular de la dependencia otorgar ayuda financiera a personas que no sean ciudadanas estadounidenses o que no cuenten con un estatus migratorio considerado elegible.De aprobarse, la medida modificaría las reglas vigentes para las llamadas familias de “estatus mixto”, es decir, aquellas en las que algunos integrantes cumplen con los requisitos migratorios y otros no. Actualmente, estos hogares pueden recibir asistencia prorrogada sin límite definido; sin embargo, la nueva propuesta convertiría ese apoyo en temporal mientras se verifica la situación migratoria de cada miembro.Diversas organizaciones defensoras de derechos de los migrantes criticaron la iniciativa en un pronunciamiento conjunto, al considerarla una medida que afectaría directamente a familias de bajos ingresos que dependen de subsidios federales para cubrir el costo de la vivienda.Bajo la nueva regla, quienes no puedan comprobar su ciudadanía o estatus elegible dejarían de calificar para la asistencia, excepto por un breve período mientras se completa la verificación, lo que, según las organizaciones, podría dejar sin apoyo a miles de familias de estatus mixto.Los grupos (Greater Boston Legal Services, LatinoJustice PRLDEF de Nueva York, Legal Aid Society, Massachusetts Law Reform Institute, la Unión de Inquilinos de Vivienda Pública de Massachusetts y el Proyecto Nacional de Derecho de Vivienda) recordaron que durante décadas la ley federal ha permitido que familias con estatus migratorio mixto vivieran juntas y que los subsidios se prorrateen según el número de miembros elegibles."Esta nueva propuesta abandona ese enfoque tradicional y, en cambio, obliga a las familias a tomar una decisión imposible: separarse o quedarse sin hogar", advirtieron. Señalaron además que los propios datos del HUD reconocen que la norma desplazará a decenas de miles de familias, incluidos unos 37 mil niños, la mayoría ciudadanos, una acción que, aseguran, no aborda la crisis de vivienda del país.También, advirtieron que la propuesta plantea "graves problemas legales y constitucionales" y que amenaza con causar daños "irreparables" a familias que han dependido legalmente de las protecciones de vivienda existentes durante años. Los grupos afirmaron que están revisando esta política detenidamente y explorando todas las vías legales para mantener a las familias unidas y con vivienda.Por su parte, el secretario de HUD, Scott Turner, indicó en su cuenta de X que "durante demasiado tiempo, inmigrantes ilegales e inelegibles han ocupado plazas en viviendas públicas gracias a la laguna legal para compartir apartamento con personas de estatus mixto, mientras que los estadounidenses se veían obligados a esperar". Agregó que "se acabaron los días en que inmigrantes ilegales, personas sin derecho a voto y estafadores manipulaban el sistema y se aprovechaban de los contribuyentes estadounidenses".Un estudio de diciembre del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) señaló que casi 80 mil personas podrían verse afectadas, y que miles de ciudadanos que reciban o soliciten estos programas podrían perder la asistencia si no pueden documentar su estatus migratorio.TG
