"Venezuela se convirtió en un refugio seguro para los narcotraficantes", así lo describe el Gran Jurado de Nueva York en la acusación contra el presidente Nicolás Maduro, que derivó en su detención el pasado 03 de enero de 2026. En el documento presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, la acusación señala que el Presidente de Venezuela participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en las que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Incluso se menciona que desde la dictadura de Hugo Chávez se llevaban a cabo estas acciones donde "las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles". La acusación precisa que el nombre dado a este grupo criminal deriva de la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos. En el escrito se describe a Venezuela, país liderado hasta ayer por Maduro, como una región geográficamente privilegiada para los traficantes de drogas, por lo que aproximadamente en 1999 se convirtió en un refugio seguro para criminales por tener acceso al Mar Caribe por el norte a través de varios puertos importantes y acceso por el oeste a las regiones montañosas de Colombia, país donde se cultiva cocaína y que, señala, es el mayor suministrador mundial de esta droga producida en laboratorios ubicados en la selva. Menciona que civiles y militares venezolanos en ese país recibían pagos de traficantes de drogas a cambio de protección, mismos que operaban fuera del alcance de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas colombianas, respaldadas por la asistencia antinarcóticos de Estados Unidos. "En ese entorno, floreció el tráfico de cocaína", asegura el escrito. Tras señalar de nexos con narcotraficantes y grupos "narcoterroristas" a Nicolás Maduro, a su esposa y Primera Dama Cilia Adela Flores; a Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz, a Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia; y Nicolás Ernesto Maduro Guerra "Nicolasito", hijo del presidente y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, la acusación de Estados Unidos indicó cómo se llevaba a cabo el tráfico de cocaína en este país. Menciona que enviaban esta droga procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México. "Para 2020, aproximadamente, el Departamento de Estado estimó que entre 200 y 250 toneladas de cocaína se traficaban anualmente a través de Venezuela", señaló. Lo anterior, a través de cargamentos marítimos que se enviaban hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores. Para los envíos aéreos utilizaban pistas clandestinas, generalmente de tierra o pasto, y también desde aeropuertos comerciales controlados por funcionarios gubernamentales y militares. En la acusación se indica que Honduras, Guatemala y México fungían como puntos de transbordo debido a "una cultura de corrupción", en la que los traficantes pagaban una parte de sus ganancias a políticos que los protegían y ayudaban. "A su vez, estos políticos utilizaban los pagos generados por la cocaína para mantener y aumentar su poder político", señala. Los políticos a lo largo de la "ruta del Caribe" eran corrompidos por los traficantes de cocaína, quienes les pagaban para protegerse del arresto y para permitir que traficantes favorecidos operaran con impunidad mientras traficaban cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos. La estructura también se apoyaba en los productores en Colombia, transportistas y distribuidores en Venezuela, y receptores y redistribuidores en puntos de transbordo al norte, por lo que los traficantes se enriquecieron a sí mismos y a sus benefactores que los protegieron y ayudaron. Estados Unidos acusa que Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, y otros miembros del régimen facilitaron el empoderamiento y el crecimiento de grupos narcoterroristas violentos que se nutrían de las ganancias de la cocaína. "Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también se beneficiaban del aumento del valor de la cocaína en cada punto de transbordo hacia Estados Unidos, donde la demanda y, por ende, el precio de la cocaína es más altos", argumenta la acusación. Entre las organizaciones señaladas se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que controlan la producción de cocaína en las regiones montañosas de Colombia; también menciona al Cártel de Sinaloa y los Zetas, encargados del control de las rutas en Centroamérica y los métodos para cruzar la cocaína desde México hacia Estados Unidos; y el Tren de Aragua, al mando de una red criminal que facilita el transporte de cocaína dentro y en la costa venezolana. EE
