La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó este viernes su preocupación por las "detenciones masivas y presuntamente arbitrarias" en el marco de un régimen de excepción, que a siete meses de vigencia ha dejado más de 57 mil detenciones y siete mil 400 denuncias de atropellos."A siete meses de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, la CIDH expresa preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales", indicó en un comunicado.Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobar la suspensión de garantías constitucionales, cuya vigencia se ha extendido en siete ocasiones."Si bien el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas en su jurisdicción, debe hacerlo con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que es parte", indicó la CIDH.Recordó que anteriormente ha expresado "su preocupación sobre las prórrogas de la suspensión de derechos contenidas bajo el régimen de excepción y las consecuentes restricciones a los derechos humanos"."La suspensión de derechos y garantías constituye una disposición para circunstancias extraordinarias y no un medio para enfrentar el crimen común, por lo que el Estado de El Salvador debe asegurar que los regímenes de excepción cumplan los requisitos del artículo 27 de la Convención Americana", acotó.La entidad enfatizó que dicho artículo señala que los regímenes de este tipo son "en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado" y por "el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación".Alertó que ha conocido denuncias que señalan que las detenciones "se basan en llamadas anónimas o percepciones sobre la pertenencia a grupos criminales en razón de su apariencia o lugar de residencia" y la dificultad de las familias para localizar a los detenidos."La Comisión, además, ha sido informada sobre el uso desproporcionado de la fuerza en los operativos policiales, inclusive en contra de personas con discapacidad y mujeres embarazadas", dijo.JM
