Este jueves, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumplió seis meses en el cargo político, mismo en el que se ha consolidado como uno de los mandatarios más populares de Latinoamérica, debido a su “guerra” declarada contra el crimen organizado y su toma de decisiones inéditas como la invasión a la Embajada de México.Luego de este tiempo al frente de su país, siendo el presidente más joven de Latinoamérica, con tan solo 36 años y pese a haber emprendido medidas impopulares como la subida de tres puntos del impuesto al valor agregado (IVA), y haber pasado una crisis energética con un repentino periodo de apagones por escasez de electricidad, Noboa se mantiene con cerca del 60 % como el mandatario con mayor popularidad de Suramérica. Incluso, a principios de este año, llegó a disputarle al salvadoreño Nayib Bukele, el puesto del presidente con mayor popularidad de América Latina, cuando su aprobación llegó a superar el 80 %, en coincidencia con la declaración de la existencia de un "conflicto armado interno" en Ecuador contra las bandas criminales, a las que pasó a catalogar como grupos terroristas.Lo hizo el 9 de enero, probablemente el día más complicado de su mandato hasta ahora, donde tuvo que hacer frente a una escalada de acciones violentas atribuidas al crimen organizado, entre ellas la toma del canal TC Televisión por parte de un grupo de hombres armados durante una emisión en directo, y una serie de motines simultáneos en diversas cárceles.La lucha contra los grupos criminales se convirtió en su mayor capital político, como quedó plasmado en el referéndum que había prometido hacer al asumir la Presidencia para poner al voto de la población sus reformas más emblemáticas.En esa votación, acontecida el pasado 21 de abril, los ecuatorianos respaldaron de manera amplia las nueve preguntas que planteaban medidas para fortalecer el combate contra el crimen organizado, pero rechazaron las dos cuestiones de carácter económico que proponían legalizar los contratos laborales por horas y reconocer los arbitrajes internacionales en materia de inversiones en cualquier jurisdicción.Una de las medidas más importantes de ese plebiscito fue la autorización para que las Fuerzas Armadas participen junto a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de emitir estados de excepción.Los militares han cobrado así peso en este "conflicto armado interno", sobre todo al tomar el control de las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia de Ecuador al estar hasta entonces dominadas por las bandas criminales y con un saldo de 500 presos asesinados desde 2020, la mayoría en una serie de sangrientas masacres.Esa violencia también saltó a las calles hasta hacer de Ecuador uno de los países con más homicidios de Latinoamérica, con una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes en 2023.Si bien los homicidios han descendido en torno a un 27 % desde que se declaró el "conflicto armado interno", las masacres y los asesinatos a cargo de bandas criminales aún se suceden.A ello se suman las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares en este contexto, especialmente en el interior de las cárceles, donde destacan casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas.Al respecto, la organización Human Rights Watch (HRW) envió este miércoles una carta a Noboa para advertir que su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado internacional" carece de sustento y ha contribuido a "serias violaciones de derechos humanos" por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.En relaciones internacionales, Noboa reculó en la decisión de entregar armamento militar soviético a Estados Unidos para que los destinase a Ucrania, cuando Rusia ponía trabas al acceso de banano ecuatoriano a su territorio, pero no tambaleó en su decisión de invadir la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).Así inició la gran crisis externa de su mandato, al romper México relaciones con Ecuador y ambos países demandarse el uno al otro en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por considerar que han violado normas y convenios internacionales.Otro frente abierto para Noboa es su pulso con la vicepresidenta Verónica Abad, quien lo acusa de presionarla para renunciar y así evitar delegarle las funciones presidenciales cuando busque su reelección en las elecciones de 2025. La relación entre ambos se rompió durante la campaña electoral del año pasado, lo que quedó plasmado cuando Noboa la envió a Israel como embajadora.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP
