La revocación de mandato en Guadalajara quizá se entienda mejor mirando el reloj que mirando el contador.La ley establece que sólo puede solicitarse durante los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional. Para el actual gobierno municipal, esa ventana corre aproximadamente del 1 de abril al 29 de julio de 2026. No es una lectura improvisada: en un procedimiento anterior, el propio IEPC convirtió esos mismos 120 días en una ventana calendaria concreta.Entonces aparece una pregunta sencilla: si el plazo estaba por agotarse, ¿qué utilidad tenía seguir acumulando registros? La cronología la vuelve inevitable.El 27 de julio Fírmale acumulaba 15 mil 177 apoyos. Faltaban 22 mil 669 y, al ritmo observado hasta entonces, habrían sido necesarios alrededor de 80 días adicionales para alcanzar el mínimo. El 28 de julio, prácticamente en la frontera del plazo, todo cambió: la captación pasó de 284 registros diarios a 1,136, cuatro veces más, y sostuvo ese nuevo ritmo durante 23 días. El 63% de todo lo finalmente reportado se concentró en esa recta final.¿Qué cambió?Puede haber cambiado la movilización ciudadana. Pero también pudo cambiar la utilidad política del mecanismo.Porque una vez vencido el plazo, más registros difícilmente reparan el tiempo; sí permiten construir un porcentaje.Y el contexto importa, la solicitud apareció públicamente acompañada por dirigentes y legisladores de Morena y PT, mientras en paralelo se impulsaban modificaciones legales para cambiar las reglas de la revocación. Después, el 19 de agosto, el IEPC informó haber recibido 41 mil 456 registros y anunció su verificación y posterior envío al INE.Antes de celebrar el 109%, existen dos preguntas distintas.La primera es institucional: ¿cómo concilia el IEPC la recepción de esos apoyos con la ventana de 120 días y con su propio precedente?La segunda es aritmética: ¿cuántas personas únicas hay realmente detrás del contador?No es una formalidad, en la captación digital de la revocación presidencial de 2022, alrededor de 21.5% de los registros revisados presentó inconsistencias, incluidas duplicidades. No significa que Guadalajara repetirá esa proporción, significa que registro y ciudadano validado no son sinónimos.Por eso convendría contar hasta el final.Y aun si todos resultaran válidos, sólo acreditarían el 3% necesario para solicitar el procedimiento. Ese 3% no es una votación anticipada ni puede hablar por el otro 97%. Mucho menos convertirse automáticamente en “hartazgo” frente a una alcaldesa que durante veinte meses ha sostenido una aprobación cercana al 60%. Si la revocación lleva su nombre, esa distancia entre ambos números también exige explicación.Ahí está la verdadera disputa.A Morena incluso puede resultarle útil una revocación que no prospere por plazo: conserva el porcentaje y puede convertirlo en relato. El riesgo es desplazar la discusión del cumplimiento o no del gobierno hacia la legitimidad de quien gobierna.Al IEPC le corresponde despejar esa ambigüedad: precisar el plazo, validar los apoyos, explicar qué significa realmente ese 109% para evitar el utilitarismo político de los mecanismos de participación ciudadana.Porque antes de hablar por Guadalajara, primero hay que contarla bien y sin atajos narrativos.
