La sorpresiva propuesta que hizo el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al Gobierno del Estado para que el proyecto de vivienda para los policías estatales no se haga en la Colonia Mirador de San Isidro, sino en alguno de los tres terrenos que ofreció en donación, dio un giro al caso y significó, sin duda, un avance en la lucha organizada de los vecinos que se oponen al llamado Proyecto Legado.Este conflicto del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) con los vecinos de la zona a los que nunca socializó el proyecto, no ha dejado de crecer luego del desalojo del plantón que tenían en el predio que hicieron policías estatales a finales de julio. Ese plantón continúa fuera del predio que cercaron, por su oposición a la construcción de 10 torres para tener 200 departamentos destinados a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.La postura del alcalde zapopano a favor de los vecinos asomó desde que la segunda semana de agosto acudió a Mirador de San Isidro a hablar con los quejosos, y les garantizó que el Ayuntamiento no había otorgado permisos ni licencias de construcción, ya que el IJALVI ni siquiera les había mostrado el proyecto completo. A partir de ese momento, técnicos del Gobierno municipal se dieron a la tarea de analizar el terreno y coincidieron con las preocupaciones vecinales de que se trataba de un punto de recarga acuífera y que, por ello, en el futuro podría causar problema de inundaciones en la zona.Esta decisión de Frangie contrastó con la posición que había mostrado el partido Movimiento Ciudadano, de que eran opositores los que estaban manipulando a los vecinos. También con lo expresado por el director del IJALVI, Guillermo Medrano, y por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, y el jefe de gabinete, Alberto Esquer, en el sentido de que se escucharían los cuestionamientos de los vecinos, pero la obra se tendría que realizar ahí.Lo cierto es que hoy, el escenario más probable es que el Proyecto Legado tenga que cambiar de lugar, y sea uno de los predios alternativos que ofreció el Gobierno de Zapopan. Más aún porque una jueza federal otorgó una suspensión provisional a los vecinos para que el IJALVI frenara temporalmente los trabajos de movimiento de tierras que ya realizaban en el predio.Esta medida legal les fue concedida el viernes pasado dentro del juicio de amparo 1517/2026 y ordena también no hacer excavaciones o remoción de capa vegetal o alteración en este terreno de casi 13 mil metros cuadrados.Muchas lecciones deberá dejarle al IJALVI el caso de Mirador de San Isidro en futuros proyectos, sobre todo cuando se trate de predios cedidos para áreas verdes y de equipamiento escolar como aseguran los vecinos.jbarrera4r@gmail.com
