Apenas había pasado la Navidad de 2025, y en un video que compartió en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmaba un aumento en la tarifa del transporte público que pasaba de 9.50 a 14 pesos, pero que se reduce a 11 pesos con el uso de la Tarjeta Única Jalisco.Esta reducción se sostiene con la aplicación de mil 200 millones de pesos de subsidio por parte del Gobierno estatal.Así, en plenas vacaciones decembrinas, se consumó un incremento que significa un triunfo para los transportistas y un alto costo político para el Gobierno.Ahora, ya comenzado el nuevo año 2026, se consolida el que podría denominarse “contraataque político”.El Revolucionario Institucional (PRI), en voz de su dirigente Laura Haro Ramírez, anuncia la interposición de amparos para que el incremento en la tarifa no se aplique, como anunciaron, a partir del 1 de abril.Sus diputados en el Congreso local pedirán la comparecencia del secretario de Transporte, Diego Monraz; del secretario de la Hacienda estatal, Luis García, y exigirán un plan de mejoramiento del servicio a los transportistas. Laura Haro fue más allá y pidió el gobernador Pablo Lemus, que vete el aumento en la tarifa.El día de hoy se suma a las protestas la dirigencia del PAN, encabezada por Juan Pablo Colín.Evidentemente, el Partido Acción Nacional no está en posición de dejarle el terreno libre al PRI en lo que es sin duda, una oportunidad para generar simpatía entre los jaliscienses.Y falta todavía lo que harán en Morena, el partido presidencial.Sin embargo, más allá de la política, la pregunta es: ¿Puede evitarse el incremento en la tarifa del transporte público?Los transportistas aseguran que no es sostenible seguir prestando el servicio sin un aumento en la tarifa, y tienen también su propio frente de reclamos contra el Gobierno del Estado.Desde que Aristóteles Sandoval frenó el incremento en la tarifa y Enrique Alfaro Ramírez permitió que ésta se concretara, alegando que él no lo había aprobado sino su antecesor, el transporte masivo, particularmente en el Área Conurbada de Guadalajara, se ha convertido en un problema creciente.No han sido suficientes el reordenamiento de rutas y la compra de nuevas unidades; se han aplicado diferentes programas para mejorar el servicio y ha habido proyectos tan exitosos como Mi Macroperiférico, pero las quejas de los usuarios han sido permanentes; el reordenamiento de rutas y su enlace con transportes masivos como el tren ligero, no han conducido a una aprobación, no total, sino al menos general.Además, la necesidad de nuevas rutas de transporte es evidente, y la prueba está en que los Gobiernos de Guadalajara y de Zapopan aprobaron donar vehículos en diferentes Colonias para el traslado de personas porque sencillamente no cuentan con transporte público.Retrasar el incremento en la tarifa, genera un estrés que al final cobra una mayor factura. Podría, quizá, revisarse y modificarse el esquema; tal vez incrementar el subsidio y permitir aumentos graduales que no signifiquen un salto intolerable para la población.Opciones hay muchas, pero lo que se está aplicando en este momento, acabará por pasar una alta factura política y a pesar de todo, dejar el problema irresuelto.
