La pensión de 125 mil pesos de María Amparo Casar abre otra discusión más amplia: la normalización de las pensiones VIP con las que se jubilan los altos funcionarios en México.No hay que ir a Pemex a buscarlos. Basta revisar el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).En su lista de pensionados hay 70 nombres que cobran entre 125 y 208 mil pesos al mes. Sólo este grupo le cuesta al Ipejal 11 mdp mensuales.Entre los pensionados de lujo hay viejos conocidos, pero se han sumado nuevos.El que más cobra es el ex magistrado Eleuterio Valencia que recibe 208 mil pesos al mes.Alonso Godoy Pelayo, el ex auditor estatal, cobra 198 mil pesos mensuales.También están el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña (180 mil); los ex magistrados Miguel Ángel Estrada Nava (174 mil); Celso Rodríguez (173 mil); Alberto Barba (128 mil) y Armando García Estrada (128 mil).Todos ellos han visto crecer su pensión año con año por el ajuste inflacionario. Por ejemplo, Eleuterio Valencia pasó de cobrar 154 mil en 2011 a 208 mil este diciembre.A esta lista de privilegiados se suman nuevos “valores”.Roberto López Lara (150 mil), ex secretario general de Gobierno de Aristóteles Sandoval; Daviel Trujillo (126 mil), ex titular de Sedis también con Sandoval; y Juan Bosco Pacheco (128 mil), ex secretario de Seguridad de Enrique Alfaro.Merece mención aparte Octavio Solís Gómez (111 mil), ex fiscal estatal de Alfaro. Es una reciente “adquisición” del Ipejal; se encuentra entre los 63 pensionados VIP que cobran más de 100 mil al mes.Caso contrario, una pensionada como Abundia Covarrubias Martínez cobra 9 mil 500 pesos al mes. Es de las jubilaciones más bajas.Este es un grupo de ex altos funcionarios en un universo de más de 50 mil pensionados.En muchos casos, el tamaño de la pensión no responde al desempeño ni al esfuerzo, sino a redes de poder y conexiones políticas. Muy lejos, por cierto, de la jubilación promedio de un trabajador.El caso del Ipejal es conocido, pero no es una excepción: se repite, con distintos nombres, en prácticamente todos los sistemas públicos de pensiones del país.P.D.El caso Amparo Casar no deriva de un cargo público ejercido por ella ni de una afiliación a un sistema estatal de pensiones, sino de una pensión por viudez hoy en disputa. Ayer escribí del tema. Su mención es para ilustrar cómo las pensiones VIP se han normalizado en el debate público, aun cuando su origen y naturaleza son distintos.jonathan.lomeli@informador.com.mx
