Fue una llamada anónima la que advirtió a las mujeres del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco de que acudieran a buscar una fosa clandestina en un predio de la Colonia La Piedrera, en el municipio de El Salto. A pesar de solicitar protección, esta no llegó, pero, tenaces como son las madres, acudieron al predio el pasado sábado 25 de abril a buscar por su cuenta. Encontraron la fosa y pronto apareció un cráneo, y luego poco más abajo, una colchoneta y abajo de ella empezaron a aparecer bolsas con restos humanos dentro. Encontraron un torso, una cabeza y piernas. Y encontraron también una credencial que identifica a Karla Janet González Martínez, reportada como desaparecida y vista por última vez el 27 de noviembre de 2023 en San Agustín, Tlajomulco.A pesar de solicitar el auxilio de la Vicefiscalía Especial para Personas Desaparecidas y de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde la noche del sábado, hasta el martes a las 16:00 horas, estas autoridades no habían llegado a la fosa de La Piedrera, solo había presencia de la policía municipal. No es la primera vez que les ocurre este abandono por parte de las autoridades, señaló Norma Moya, integrante de este colectivo.Y el abandono de las autoridades no sólo se traduce en retraso en la búsqueda de sus hijos desaparecidos o retraso en la identificación de los cuerpos o restos humanos que ellas mismas encuentran y desentierran. El abandono ocurre también por las investigaciones que no se hacen, diligencias que no se cumplen, protocolos que se pasan por alto, lo que alarga la búsqueda de sus hijos. La misma Norma Moya, integrante de Madres Buscadoras de Jalisco y que el sábado participó en el descubrimiento de la fosa de La Piedrera, padece el abandono institucional de la Fiscalía, pues hay fallas graves en la integración de la carpeta de investigación levantada por la denuncia de la desaparición de su hijo Luis Fernando Cervantes Moya quien fue desaparecido por policías municipales de Arandas cuando acudió a reparar un vehículo. La desaparición ocurrió el 26 de febrero de 2024 cuando su hijo tenía 22 años. Norma Moya sostiene que fue la misma Fiscalía del Estado la que le confirmó la participación de policías municipales por lo que el caso de su hijo se convierte en una desaparición forzada, delitos de lesa humanidad que desde el Gobierno de la Cuarta Transformación se niegan a aceptar que siga ocurriendo en México.Hay historias en los que la búsqueda se prolonga por mucho más tiempo como es el caso de Alejandro Trinidad Escobedo, desaparecido (presuntamente por policías de Tequila) el 11 de mayo de 2013. Han pasado casi 13 años y su búsqueda está en el abandono por negligencia de las autoridades de Jalisco. Ante ello, la familia de Alejandro Trinidad Escobedo decidió llevar su caso ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, acompañada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).Y justo por casos como los expuestos aquí es que el CED decidió invocar el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas para solicitar al secretario general de la ONU que lleve la crisis por desapariciones forzadas en México a discutirse en la Asamblea General de la ONU.Según el CED, “[…] existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios ‘ataques’ generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil, de conformidad con políticas estatales u organizacionales de cometer tales ataques o de promover esa política, es decir, políticas concebidas y/o aplicadas por autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal o municipal, o por ‘organizaciones’ que actúan de forma autónoma o con la complicidad y, como mínimo, la aquiescencia de autoridades públicas en los ámbitos municipal, estatal y federal”.Esta decisión, como ya se conoció, molestó al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y otros funcionarios de la Cuarta Transformación, pero al final este Gobierno debe reconocer que la crisis por desapariciones ha rebasado las capacidades del Estado mexicano y debe terminar de aceptar la ayuda internacional para encararla. Los miles de madres que buscan a sus hijos y que han sido abandonadas por los sucesivos gobiernos del país, lo demandan.rubenmartinmartin@gmail.com
