La Presidenta encontró un punto de fuga para enfrentar la “bomba judicial” lanzada por Estados Unidos, que acusó la existencia de un narcogobierno en Sinaloa.La defensa en Palacio apela a una técnica de manual ante cualquier crisis: reducir el debate a dos opciones para polarizar y simplificar un asunto más complejo.El desafío lanzado por la Presidenta Sheinbaum plantea: los mexicanos decidimos a quién juzgar o lo decide el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Intervencionismo o soberanía?La fatalidad de una pérdida gradual de soberanía es el escenario indeseable a largo plazo si Estados Unidos continúa exigiendo que le manden a más políticos para juzgarlos en su territorio.Esta paradoja es verdadera, pero también opera como una bomba de humo que esconde la raíz del problema.La autoridad moral de Estados Unidos como “policía del mundo” para juzgar e influir en la vida interna de otros países es históricamente indefendible.Sus guerras injustas, su rapiña petrolera y sus voraces intereses económicos lo convierten en un verdugo con capa de justiciero.Su actual Comandante en Jefe ha logrado perfeccionar la peor versión de ese Estados Unidos intervencionista, dictatorial y antidemocrático.Sin embargo, la otra opción tampoco es mejor. Dejar el castigo a los narcopolíticos en manos del Estado mexicano es una garantía de impunidad.La FGR ha dado nulas señales de iniciar un proceso judicial contra Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y los otros acusados por Estados Unidos.Por el contrario, el discurso presidencial los arropa y les tiende la mano constantemente porque “faltan pruebas” que la FGR espera caigan del cielo o toquen a su puerta.Si la ropa sucia se lava en casa, no se ve clara la intención -ni en los hechos ni en el discurso- de poner una lavadora. Por eso muchos mexicanos ven en la intervención de Estados Unidos “la única” esperanza de justicia.El narco no crece en el vacío: necesita protección política para sobrevivir. Que todos los señalados estén limpios es, sencillamente, inverosímil.Hay razones para creer que la intervención de Estados Unidos persigue fines políticos para debilitar a gobiernos de izquierda y capitalizar electoralmente el combate al “narcoterrorismo”.También hay razones para creer que sin la mano de un gobierno extranjero, los narcopolíticos seguirán impunes. Lo dicho: la paradoja nacional.
