Luego del discurso de confrontación con las acciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos del domingo pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum excusó a su homólogo Donald Trump de estar detrás de la ofensiva contra México, para insistir que se trata de grupos de la ultraderecha que buscan deteriorar la relación entre ambos países.Solo la Presidenta sabe si tiene la certeza total de que así sea o crea realmente lo que dijo, y no sea más bien, una estrategia para evitar un exabrupto más de Trump, luego de los duros cuestionamientos hechos a Estados Unidos en su discurso por la conmemoración del segundo año que ganó las elecciones que la convirtieron en la primera mujer en llegar a Palacio Nacional como jefa del Ejecutivo federal.Pero ayer se dio una respuesta implícita desde los Estados Unidos, a las críticas de Sheinbaum de que con sus acusaciones sin pruebas contra funcionarios y políticos mexicanos como las que se hicieron contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de aquella entidad, “oficinas” de Estados Unidos podrían ser “el principal elector en México”; y sus dudas de si el interés de ese país es realmente combatir al crimen organizado o en realidad la ultraderecha quiere usar a México con fines electorales por los comicios de este año en la Unión Americana y el próximo en México.Luego de la breve audiencia celebrada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a la que llegó Gerardo Mérida Sánchez, el ex secretario de seguridad pública de Sinaloa, que se entregó a la justicia estadounidense, vistiendo uniforme de reo y esposado, la jueza federal Katherine Polk Failla, señaló que las evidencias contra el general en retiro del Ejército Mexicano eran “abundantes”.Por ello, dijo la juzgadora, abrió un plazo de 60 días para la revisión del caso y fijó la próxima audiencia para el 4 de agosto. Falta también la audiencia del ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega.Estos ex funcionarios del gobierno que encabezó Rocha Moya, son parte de la lista de 10 funcionarios que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió al Gobierno de Sheinbaum detener por acusarlos de ser cómplices del cártel de Sinaloa.Todo lo anterior, mientras Sheinbaum reiteró ayer que el problema del narcotráfico ha sido utilizado históricamente como un mecanismo de presión política hacia México, incluso con campañas financiadas por grupos de la ultraderecha en las redes sociales.
