La toma de protesta ayer de Arturo Chávez López, Frida Gómez Puga y Blanca Cruz García como nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta el 2035, es claramente, el movimiento de fichas que culmina la captura de la 4T del órgano electoral, por la cercanía de estos tres perfiles al oficialismo.Pese a que el INE siempre respetó los triunfos electorales de Morena, al grado que en menos de una década conquistaron la Presidencia de la República, desde la llegada de su fundador Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, se empezó a debilitar con ataques desde el púlpito presidencial al INE que presidía Lorenzo Córdova.En 2022 no alcanzaron los votos necesarios en San Lázaro para, mediante una reforma constitucional, desaparecer al actual órgano electoral independiente, y hacer otro más a modo del Gobierno morenista, con la coartada de hacerlo menos oneroso. Intentaron luego con el Plan B que también les paró la SCJN.Desde ese momento trazaron la ruta para hacerse de la presidencia del INE en marzo de 2023, utilizando la mayoría simple de Morena y aliados en la Cámara de Diputados para sesgar la elección de cuatro de las y los 11 consejeros electorales que integran el Consejo General del INE, así como la presidencia. Desde la integración de los siete miembros del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes (tres propuestos por la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dos por el Instituto de Transparencia -INAI, ya extinto- y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos -CNDH-), hubo una clara selección de perfiles allegados al gobierno lópezobradorista. Por eso, en la lista de las y los 20 finalistas, apareció una clara mayoría de candidatos y candidatas afines al Gobierno de la autollamada cuarta transformación, por lo que la elección al azar de las y los cuatro nuevos consejeros fue sólo la conclusión de su estrategia para lograr la captura morenista de la presidencia del INE. Esta receta se repitió en el proceso para elegir a las dos y el nuevo consejero que llegaron ayer al INE.Aunque legal, su designación habla de la falta de acuerdos de nuestra clase política y las resistencias para evolucionar a una política de designaciones públicas donde se privilegie la técnica y la experiencia, sobre las imposiciones de las mayorías y las incondicionalidades políticas.El hecho de que al menos seis de 11 integrantes del Consejo General del INE sean incondicionales a la 4T, como dominan también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es por donde se le vea un retroceso democrático.Por eso, para que cumplan su misión de mantener el voto y las elecciones libres en nuestro país, más que creerles en sus promesas de ayer, se tendrá que activar de nuevo desde la sociedad civil la agenda democrática, para no perder un anhelo generacional que luego de décadas de lucha se alcanzó hace 26 años, y hoy está nuevamente en riesgo.
