Hace seis años, en los tiempos de pandemia, muchos analistas se preguntaban cómo, pese a la pérdida de empleos en Estados Unidos por el cierre total o parcial de muchas empresas, en México las remesas crecían en lugar de disminuir.Desde luego, Jalisco destacó también en aquel momento, por mantenerse como ha pasado desde hace muchos años, en los primeros lugares de recepción de remesas provenientes de Estados Unidos.En 2020, año que en marzo inició el encierro por la COVID-19, y en 2021 cuando todavía no se reactivaba la economía plenamente en el vecino país del Norte, Jalisco ocupó el primer lugar en envío de remesas esos dos años. En el 2021 se alcanzaron los 5 mil 236 millones de dólares, equivalentes al 85 por ciento del ingreso de aquel año del gobierno estatal, sumando ingresos propios y federales.Así, el hecho de que la suma de dinero de las remesas enviadas a Jalisco del 2020 al 2021 haya crecido 26.10 por ciento, provocó que expertos en delincuencia organizada sugirieran a las autoridades encargadas del combate al narco siguieran la ruta de ese enorme torrente de dinero y su crecimiento exponencial, aún en aquellos tiempos de pandemia.Por eso no habrá que descalificar en automático la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de EU, Donald Trump, que endurece la supervisión financiera sobre las transferencias de dinero al extranjero, que, sin duda, impacta directamente a los migrantes mexicanos, y que tampoco podemos entender fuera de la escalada de presiones de Washington que se ha venido dando desde que a finales de abril pidieron la detención de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Sinaloa, a los que acusa de ser cómplices del crimen organizado.Y es que, aunque este decreto no prohíbe el envío de remesas, busca claramente ser más rigoristas en la fiscalización del origen de los dólares que se envían y su destino. Se agregarán requisitos para la identificación de quienes hagan los envíos solicitando su número ITIN (Número de Identificación Personal de Contribuyente) y si tienen o no algún número de Seguro Social. Se exigirá a bancos y empresas de transferencias de dinero rastrear y reportar las de bajo monto para prevenir flujos de dinero al narco o al terrorismo.El Gobierno mexicano nunca atendió los señalamientos que le hacían expertos de investigar la posibilidad, como parte de su estrategia de combate a la delincuencia organizada, de que buena parte de esos envíos de dinero de Estados Unidos formaran parte de un nuevo proceso de lavado de dinero reclutando personas en ambos lados de la frontera para prestar sus identidades a cambio de un pequeño porcentaje de comisión.Ahora que Estados Unidos lo hará en su territorio, bien haría el Gobierno de Claudia Sheinbaum hacer lo propio en México.
