Un portal digital, sin mucho rigor, consignaba ayer la historia:“El gobierno de Tequila, Jalisco, encabezado por el alcalde morenista Diego Rivera, expropió la destilería de Tequila Cuervo por no pagar impuestos”. El alcalde le exigía a Tequila Cuervo el pago de 60 millones de pesos por adeudos de predial, multas y recargos. Como la tequilera no accedió, Rivera clausuró la fábrica y su policía municipal tomó el lunes las instalaciones de la destilería de Cuervo. Con el argumento de que se trataba de un asunto de seguridad ambiental y protección civil, ayer la Policía estatal de Pablo Lemus recuperó el inmueble. Tras una reunión con el alcalde, en donde participó el gobierno federal, Rivera desistió del cobro. Según el gobernador, el cobro “carecía de viabilidad jurídica y financiera”, una forma políticamente correcta de referirse a una extorsión. Por otra parte, el término “expropiar”, usado por varios medios y en redes sociales, es inapropiado. El municipio puede embargar un inmueble o bienes equivalentes al monto adeudado, y rematarlos para cubrir el pago del moroso. Pero no “expropia”. El alcalde de Tequila exigía a Cuervo un monto equivalente al doble de toda la recaudación de predial del municipio en 2024.La diferencia entre un acto de autoridad y una extorsión se aclara con transparencia y rendición de cuentas: papelito habla, algo que el alcalde de Tequila, no ha mostrado.En Tequila, Jalisco, el discurso de la 4T para que paguen impuestos los poderosos se reduce a un acto de prepotencia municipal que abusa de una “moda” justiciera en lugar de asumir una verdadera visión de gobierno y congruencia política. Una oportunidad desaprovechada porque muchas tequileras contaminan con vinaza, acaparan el agua sin pagar derechos, abusan de los agaveros, incentivan la deforestación, gozan del apoyo gubernamental y encuentran los caminos legales para evadir el pago de impuestos… El respaldo de Érika Pérez, dirigente de Morena Jalisco, al alcalde Rivera, demuestra la irresponsabilidad a la que puede llegar la lealtad partidista o la crasa ignorancia sobre quiénes integran las filas de la 4T en el estado. Otra vez la Ley de Herodes. Otra vez el alcalde de Tequila, el que convirtió el Museo Nacional del Tequila, un inmueble del siglo 19, en su residencia oficial y lo modificó sin permiso del INAH. El mismo cuya policía retuvo y golpeó a un periodista por documentar el operativo para recuperar el museo que el edil había convertido en su casa.El que le impuso un impuesto de 50 pesos por persona a los vehículos turísticos sin avisarle al Congreso de Jalisco. El ex priista ahora morenista que llegó al poder gracias a los votos en alianza con Verde-PT-Hagamos-Futuro. El que ha sido acusado por empresas y tequileras de exigir “moche” institucional. Ese mismo que retraté en mi columna de junio pasado, La Ley de Herodes en Tequila, volvió a la carga (en realidad nunca se fue). jonathan.lomeli@informador.com.mx
