Tenía razón la nueva fiscal General de la República. La detonación de un vehículo cargado con explosivos frente a la policía comunitaria el sábado por la mañana en Coahuayana, Michoacán, es un acto terrorista y debe ser investigado como tal.No hace falta acudir a la definición de la ONU, de los académicos o de las organizaciones dedicadas a analizar los fenómenos de violencia en el mundo. Lo que hizo Ernestina Godoy fue acudir a la única definición a la que le toca acudir como fiscal General de la República: el Código Penal Mexicano.El artículo 139, Capítulo VI Terrorismo, Título Primero “Delitos contra la Seguridad de la Nación”, Libro Segundo del Código Penal Mexicano, define con toda claridad lo que es terrorismo para las leyes mexicanas: “A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.Lo que sucedió en Michoacán encaja perfectamente. El secretario de Seguridad lo quiere descartar diciendo que no era “para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales”, pero eso no lo dice la ley mexicana.El problema es que la procuración de Justicia en México está infectada por la política partidista. Y alguien le dio la orden a Ernestina Godoy de echarse para atrás, porque a Morena no le conviene.Lo que siguió fue la danza de las justificaciones.Ayer en la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuyos hombres de confianza fueron nombrados como los ve rdaderos operadores de la Fiscalía General de la República a la salida de Alejandro Gertz Manero, trató de justificar la intempestiva reclasificación del delito. Dijo que “… son actos criminales para ampliar sus actividades criminales”.Entiendo la lógica que lleva al secretario Harfuch a sacudirse el término “terrorismo”: lo de Michoacán no es Al Qaeda secuestrando aviones comerciales con civiles a bordo para estrellarlos en Nueva York ni ISIS masacrando a los asistentes a un concierto en París. Pero si nos atenemos a la definición de la ley mexicana, lo de Michoacán fue terrorismo.Otra cosa es que no quieran admitirlo -y hayan obligado a recular a la flamante fiscal Ernestina Godoy, que acató sin hacer gestos, pues para eso la pusieron ahí- por razones publicitarias y diplomáticas. Publicitarias porque no le da buena imagen a la 4T que encima de todo el miedo que tiene la gente, ahora se hable de terrorismo, un término cargado de pánico para la población civil. Diplomáticas, porque sería darle la razón al presidente Donald Trump en eso de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas, una catalogación que determinó el gobierno de Estados Unidos pues les facilita ordenar un ataque militar en suelo mexicano para combatir a los narcos.Cómo han cambiado los hoy morenistas. Recuerdo con nitidez otro episodio en Michoacán. El 15 de septiembre del 2008, personajes del narco lanzaron granadas contra la población civil durante la fiesta del Grito de Independencia en Morelia. A la mañana siguiente entrevisté en la televisión al entonces gobernador de Michoacán y me dijo con todas sus letras que se trataba de un acto terrorista. Era el sexenio del presidente Felipe Calderón. Y ese gobernador era Leonel Godoy, hoy diputado federal de Morena. Cómo han cambiado.carlosloret@yahoo.com.mx