La desaparición en México es una tragedia que alcanza ya proporciones alarmantes. El informe de la ONU no es un documento partidista ni un ataque a los Gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, es un retrato de un México convulso y de las nuevas formas de ejercicio del poder y la violencia. La segunda tragedia es la negación sistemática del Gobierno a reconocer este fenómeno criminal que afecta a decenas de miles de familias en todo el país.Tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador tienden a confundir con mucha facilidad al Estado con el encargo. Sí, la Presidenta es la jefa del Estado, pero no es el Estado. Cuando se habla de que en México existe desaparición forzada, esto es que las desapariciones son sistemáticas y con complicidad de fuerzas del Estado, no quiere decir que ellos son los culpables, pero sí los últimos responsables. Estas sutilezas no caben en el discurso maniqueo y por eso prefieren negarlo todo antes que asumir que la política de tolerancia al crimen organizado de López Obrador, y la de reducción de homicidios como único indicador de Claudia Sheinbaum, tienen en las terribles cifras de desaparición el cuestionamiento más contundente.El informe de la ONU no dice muchas cosas que no supiéramos, entre otras razones porque está basado justo en los testimonios de grupos de familiares y madres buscadoras, esos a los que el gobierno no quiere escuchar. Su importancia radica en que se trata de un segundo informe en la era de “La Transformación” en el que se constata que la situación no solo no ha mejorado, sino empeorado, y que en esta ocasión la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide que la Asamblea General de la ONU tome cartas en el asunto.Atender el fenómeno de desaparición en México no es solo un asunto de mínima compasión para los familiares (esa razón debería sernos suficiente como sociedad para volcar todos los esfuerzos contra este terrible fenómeno que perpetúa el dolor) sino de seguridad pública y seguridad nacional. Es evidente que los grupos del crimen organizado están reclutando sus ejércitos y ejerciendo su control territorial a través de los diferentes mecanismos de desaparición, y que varias instancias del Estado mexicano, desde policías municipales hasta el Gobierno federal participan y se benefician de ello, son cómplices por acción u omisión.Cada ficha de búsqueda, cada salida a campo de las madres buscadoras, cada hallazgo macabro de una fosa clandestina o de un centro de reclutamiento y exterminio es un recordatorio de que esta tragedia está aquí, a la vuelta de la esquina. Cada vez que un funcionario o un agorero de la 4T niega el fenómeno, o peor aún, culpa a Calderón o García Luna, se evidencia la tragedia institucional: la negación pactada de la desaparición forzada.
