Comentando el affaire de la entrevista falseada a Carlos Monsiváis (cuyo contenido no tiene sentido comentar porque es hacerle el juego a un falsario) la Presidenta, muy indignada, dijo: “para que vean cuánta libertad de expresión hay en México”. Un comentario por demás extraño, pues en materia de libertades y derechos no hay mucho o poco, existen o no existen, se actualizan o no se actualizan. Lo que hizo el periodista que publicó una entrevista inventada no es un “exceso” de libertad, es una difamación.La pregunta, pues, no es cuánta libertad de expresión existe, sino cuántas veces y en cuántos lugares del país la libertad de expresión simple y llanamente no puede ejercerse. Si le preguntamos a los habitantes de Nanchital, Veracruz, donde la periodista Roxana Guzmán fue sacada de su casa por un comando armado y asesinada unos días después ante la incapacidad de las autoridades estatales y federales de proteger la vida de la periodista, seguramente la respuesta será que hay poca o nula libertad. Después del asesinato vinieron las detenciones, como siempre tarde.Este es solo el último caso, pero en el sexenio de Claudia Sheinbaum se han asesinado catorce periodistas en 21 meses, uno cada mes y medio.La libertad de expresión no tiene que ver con lo que se diga o no se diga sobre la Presidenta y el ex presidente, que pareciera ser lo único que le importa a Claudia Sheinbaum, ni siquiera con los periodistas, sino con el derecho que tenemos todos los ciudadanos a expresarnos, por cualquier medio, sobre lo que pensamos y queremos. Como jefa del Estado mexicano, la Presidenta tiene la obligación de asegurar la libertad de expresión no solo en la Mañanera, donde de vez en cuando le preguntan cosas incómodas y ella decide cuáles sí y cuáles no responde, sino en todos los rincones del país. ¿Cuánta libertad de expresión es necesaria en una democracia? Toda. Como todo derecho, nunca será absoluto y siempre estará limitado por otros derechos. Pero cuando el límite no son los derechos de terceros sino los poderes fácticos, como fue el caso de Jaime Barrera o el intento de asesinato de Ciro Gómez Leyva; con los alcaldes y policías coludidos con el crimen organizado, como el caso de Roxana Guzmán; cuando el Poder Judicial se presta a hacer demandas de silencio, como sucedió con Héctor de Mauleón; con gobernadoras y gobernadores prepotentes, como fue el caso de Jorge Luis Gónzález Valdéz, en Campeche, silenciado por Layda Sansores, por citar solo los casos más conocidos, habría que matizar la sorpresa de la Presidenta. Porque todos estos casos no son historia vieja, han sucedido en años de la llamada cuarta transformación y de la “cuánta” libertad de expresión.
