En solidaridad con María Amparo CasarEnorme y, en cierto sentido, esperanzador debate ha suscitado la judicialización del expediente contra María Amparo Casar, directora de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y una de las académicas mexicanas que más tiempo y neurona ha dedicado a entender la corrupción en México. El origen de la acusación es una venganza del ex presidente López Obrador (el que decía que su fuerte no era la venganza, pero vive con el rencor encendido). La acusación, por absurda que parezca, tiene que ver con haber recibido una pensión por viudez que, a decir de los acusadores desde el púlpito mañanero, fue otorgada y cobrada ilegalmente.No conozco el expediente más allá de lo que difundió el presidente López Obrador y lo que se publicó en los medios, ni soy abogado. Mi análisis es, pues, estrictamente político. Supongamos, por supuesto sin conceder, que existen irregularidades en la forma en que hace 20 años se procesó el expediente; que se brincó algún trámite; que alguien intervino para que se catalogara de una manera distinta que favoreciera a la viuda y a los hijos del funcionario de Pemex; que la familia obtuvo un beneficio que legalmente no le correspondía. Esto es lo que han repetido hasta el cansancio en este caso sin haberlo probado; la pregunta es si lo que se persigue es a la corrupción o a la persona.La respuesta a esta pregunta es la diferencia entre Estado de Derecho y autoritarismo. De que hay corrupción en Pemex no hay duda, pero ni el gobierno de López Obrador ni el de Claudia Sheinbaum han emprendido una batalla legal para perseguir la corrupción en la paraestatal. El sindicato y sus líderes están intocados; el huachicol se persiguió solo de palabra; la asignación directa de contratos sigue siendo la práctica vigente, y la herencia de plazas y el cobro de prestaciones que no existen en ninguna otra empresa mexicana es el pan nuestro de cada día. La persecución a María Amparo Casar no se da en el contexto de una lucha contra la corrupción en Pemex, sino de una lucha contra los enemigos políticos, un “enemigo” en este caso que no ha hecho sino denunciar la corrupción y exigir transparencia y estricta aplicación de la ley en la realización de la obra pública.La nueva fiscal, Ernestina Godoy, dice que la judicialización de este expediente no la hizo ella sino su antecesor, y que revisará el caso para decidir, entre hoy y mañana, si lo lleva o no ante los juzgados. Si no lo presenta, habrá servido solo para golpear mediáticamente a una persona que es incómoda al régimen. Si lo presenta a tribunales junto con otros 50 o cien expedientes, será evidente que estamos ante una acción del Estado contra la corrupción en Pemex (y ya le tocará a María Amparo Casar defender su caso). Si se emprende una acción judicial únicamente contra la directora de MCCI, será evidente que estamos frente a un acto de un régimen autoritario, donde la ley se aplica discrecional y convenientemente, y no se persigue al delito sino a la persona incómoda para el poderoso en turno.
