La estrategia de “mano dura” en El Salvador llevó la severidad aún más al extremo: habilitaron la cadena perpetua para menores de edad. A partir de la semana pasada, las niñas y niños mayores de 12 años que cometan delitos graves como homicidio, violación o pertenezcan a pandillas (considerado terrorismo en ese país) pasarán el resto de su vida encarcelados.La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele como parte de su política de seguridad, busca frenar la incorporación de infantes y adolescentes en grupos criminales. Y fue aprobada por la Asamblea Legislativa, entre críticas y preocupación de organismos internacionales como UNICEF y expertos en derechos humanos, que han advertido que es “desproporcionada”, “perjudicial para los adolescentes” y “altamente costosa e ineficaz para prevenir el delito”.Bukele les ha respondido que el anterior marco legal, que seguía las recomendaciones de derechos humanos, “prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años” y estos eran reclutados por pandilleros.“Empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad, todos capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de ‘tal vez’ enfrentar una ‘pena mínima’ en un centro light, donde incluso llegaban a matar y violar a otros menores que solo habían cometido delitos menores y que sí hubieran podido ser reformados”, dijo el mandatario salvadoreño desde su cuenta @nayibbukele en X, el 31 de marzo de 2026.Los menores en El Salvador, tras las reformas constitucionales, no tendrán acceso a beneficios como la “libertad condicional” y aunque sus casos podrán ser revisados, solo será hasta que hayan cumplido 25 años en prisión.Mientras en otros países del mundo se discute permitirles o no el libre acceso a los menores a internet, el Gobierno salvadoreño dio otro paso inédito en América Latina donde centra la justicia en penas punitivas y el castigo extremo. Nada nuevo. Desde 2022 en El Salvador se impuso el Régimen de Excepción, que suspende los derechos y garantías de sus ciudadanos (las libertades de movimiento, asociación, expresión e inviolabilidad de las comunicaciones), ante el incremento de asesinatos e inseguridad.Esto ha permitido al Gobierno de Bukele realizar capturas masivas, llevando a prisión a más de 90 mil personas. Y aunque disminuyó la cantidad de delitos, se han denunciado graves violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, detenidos que murieron bajo custodia y falta de debido proceso. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su combate al crimen sin vulnerar derechos fundamentales?En México y otros países del mundo, el sistema de justicia para adolescentes prioriza la reinserción social (con medidas socioeducativas) y prevé el encarcelamiento como último recurso, con penas menores de 5 años en centros especializados. Sin embargo, también ha sido debatido. Recientemente dos adolescentes fueron condenadas a 10 meses de libertad asistida y 2 años de internamiento, tras haber asesinado con una cuerda a otra joven y grabado el crimen. A la mamá de la víctima se le “indemnizó” con 5 mil 657 pesos, como reparación del daño. Indignante.La lógica extrema de castigos más severos, sin la posibilidad de reinserción como un derecho, ¿no dejará a los menores atrapados de por vida en el sistema penal? ¿Y la responsabilidad de los propios padres de los menores?Las sociedades violentas generan niñas y niños violentos. Mientras desde los gobiernos no se generen políticas de prevención, que garanticen la educación y espacios sanos de recreación para los menores, la discusión permanecerá en la severidad de los castigos. El desarrollo sano de los niños parece importarles poco o nada, no se les protege y luego se les culpa.
