La afirmación de Donald Trump -“algo hay que hacer con México”- debe tomarse, tal como advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, totalmente en serio. Es sin duda un síntoma de una coyuntura internacional en la que las presiones externas se combinan con reacomodos regionales profundos. En ese contexto, la captura de Nicolás Maduro acelera la recomposición hemisférica y refuerza un clima de intervención, disciplinamiento y redefinición de alianzas que afecta directamente a América Latina. Para México, estas señales no pueden leerse de manera fragmentaria: exigen una respuesta estratégica que evite que se profundice la polarización interna y fortalezca la cohesión nacional.En ese sentido, es importante considerar que el avance de gobiernos de derecha y centroderecha en la región ha desplazado el debate del desarrollo hacia un énfasis casi exclusivo en la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la atracción de inversión. La redistribución ha quedado relegada, como si el crecimiento por sí mismo pudiera resolver desigualdades históricas.La experiencia latinoamericana, sin embargo, muestra que estos virajes, los cuales se han tomado por momentos como dogmas económicos, producen crecimientos frágiles y socialmente excluyentes. En el entorno de presión externa en que nos encontramos, insistir en modelos que profundizan la fragmentación social debilita la posición de los Estados y los vuelve más vulnerables.México enfrenta esta tensión desde una posición singular. Su integración económica con Estados Unidos lo convierte en un actor clave del nuevo orden regional, pero su estructura productiva revela límites persistentes: un sector exportador dinámico convive con informalidad elevada, salarios contenidos y desigualdad territorial. La amenaza explícita desde Washington subraya un hecho incómodo: la fortaleza externa de México depende, en buena medida, de su cohesión interna. Un país dividido es un país con una muy débil capacidad de negociación.Por ello, ante un mensaje como el de Trump, no puede seguirse apostando por la polarización. La respuesta no puede ser ni el repliegue defensivo ni la confrontación retórica, sino la construcción de una estrategia de reconciliación nacional. En este punto, la responsabilidad de la Jefa del Estado es central. La coyuntura demanda una convocatoria amplia para recuperar el diálogo incluyente y respetuoso de todas las visiones, capaz de articular a fuerzas políticas, actores económicos y sociedad civil en torno a un horizonte compartido. No se trata de diluir las diferencias, sino de procesarlas institucionalmente para fortalecer la capacidad del país frente a presiones externas.El reacomodo global -marcado por la disputa tecnológica entre grandes potencias y el fortalecimiento de complejos industriales de alcance planetario- eleva las exigencias del desarrollo. Ya no basta con participar en el comercio internacional; es decisivo el lugar que se ocupa en las cadenas de valor, la capacidad de generar conocimiento y de distribuir socialmente los beneficios del crecimiento. Frente a ellos, México puede persistir como plataforma manufacturera subordinada o asumir el desafío de construir capacidades productivas propias con visión de largo plazo; y esta decisión no es técnica, sino política.Uno de los instrumentos más relevantes de que dispone el Estado mexicano para encauzar esta decisión es el sistema de planeación democrática. Lejos de ser un trámite administrativo, la planeación puede convertirse en el espacio de reconstrucción de consensos, donde se definan prioridades nacionales y se articule la diversidad política, social y cultural del país. Desde la planeación democrática es posible pensar un curso de desarrollo que, apoyado en la justicia fiscal, permita redistribuir la riqueza, fortalecer la inversión productiva y enfrentar la amenaza estructural de la desigualdad.Pensar el desarrollo desde esta perspectiva implica desplazar el eje de la política social. La redistribución no puede seguir reducida a transferencias monetarias que mitigan, pero que no transforman las condiciones de exclusión. El centro debe colocarse en la generación de empleo formal, bien remunerado y con derechos, como base material de una ciudadanía social efectiva.La justicia fiscal, entendida como progresividad y corresponsabilidad, es condición necesaria para sostener este viraje y para construir legitimidad social en torno a un nuevo pacto económico.La frase “algo hay que hacer con México” obliga, paradójicamente, a una reflexión hacia adentro. Lo que hay que hacer no es reaccionar desde la crispación, sino fortalecer al país desde la cohesión, la planeación y el consenso. En un mundo que se reordena con rapidez, México tiene la oportunidad -y la responsabilidad- de convertir la presión externa en catalizador de un proyecto propio de desarrollo. El desafío es comprender que la verdadera fortaleza nacional no se improvisa: se construye desde el diálogo, la justicia social y una visión compartida de futuro.
