En el cada vez más acentuado proceso de descomposición en materia de inseguridad que se expresa en esta inacabable escalada de homicidios y robos (ayer la Cámara de Comercio de Guadalajara estimó en 177 mil 600 pesos el gasto anual de cada negocio para buscar protegerse -lo que significó 7% más que en 2017- porque cuatro de cada 10 de sus agremiados sufrieron algún tipo de delito, principalmente robo a negocio (35%), de auto (26%) y asalto en vía pública (25%) en el último cuatrimestre del año pasado), mucho tiene que ver, además de las ineficiencias y la infiltración delincuencial en las policías, los altos niveles de incapacidad y corrupción del Poder Judicial en Jalisco.Generalmente, y no sin justificadas razones, las críticas y los reclamos por los incumplimientos de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos recaen en los tres niveles del Poder Ejecutivo (federal, estatal y municipal) pero sin duda esto se debe atribuir también a las negligencias y redes mafiosas en las que están atrapados jueces y magistrados, tanto estatales como federales.Los altos niveles de impunidad son el principal estímulo para el crecimiento de las actividades delictivas. El que roba al erario, al ciudadano, quien asesina, secuestra, extorsiona o comete cualquier otra conducta delictiva, sabe que la probabilidad de que se le detenga es mínima, y que si eso ocurre, sus posibilidades de evadir la justicia son amplias al llegar a los juzgados, que en su mayoría tienen precio.Esta semana en EL INFORMADOR se documentaron ejemplos del tráfico de medidas cautelares y asignación de casos a jueces y magistrados de forma arbitraria e ilegal en las oficialías de partes de los Juzgados y del Tribunal Administrativo del Estado.A ello se sumó la evaluación reprobatoria al Poder Judicial de Jalisco que dio conocer ayer México Evalúa a través de la plataforma LAB Justicia, que junto con otras organizaciones sociales y académicas, comparan y tabulan información pública e indicadores para analizar la calidad de la justicia penal en México.En ese ranking nacional, Jalisco apareció como la Entidad más ineficiente en impartición de justicia, al promediar 0.67 de calificación en la tabla de efectividad procesal, esto es la posibilidad de que un caso que llega a tribunales sea resuelto.Sin duda, esto es fruto del poco seguimiento y casi nulo escrutinio público que se hace del Poder Judicial por los altos niveles de opacidad en los que opera.Así, el cumplimiento de la promesa del reelecto presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, de limpiar el Poder Judicial está muy lejos de cumplirse. Urge por ello que desde la sociedad civil se presione para que se sancionen las malas prácticas de muchos funcionarios, jueces y magistrados que, insisto, han contribuido enormemente a perpetrar el paraíso de impunidad que ha fortalecido y ampliado la actividad delincuencial que todos, hasta ellos, padecemos.jbarrera4r@gmail.com
