Lo sabíamos. Sabíamos que no iba a pasar nada. Que ni el Gobierno iba a requisar los permisos de los transportistas que hicieron paro y que tampoco el paro se prolongaría más allá de unos días; que ninguno pasaría del amago y que el desenlace era más previsible que una telenovela mexicana. Esa es la verdadera tragedia: pasan y pasan los años y no pasa nada mientras que cada vez más usuarios renuncian al transporte público para sumarse al privado.La gran apuesta de este Gobierno es la Línea 3. Aunque difícilmente la veremos funcionar antes de que termine este sexenio (los cálculos optimistas es que el primer usuario se podrá subir en noviembre cuando el actual gobernador ya esté en su casa) esa sola acción no resuelve el problema.Como cada vez que hay este debate surgen las voces que, no sin razón, piden que se estatice el transporte, pues se trata de un servicio público. Quienes se oponen a esta salida dicen que el Gobierno es muy mal administrador, lo cual es una verdad a medias. El Gobierno gestiona la mejor y la peor de las empresas de transporte urbano: Siteur, que administra el Tren Ligero, la línea de trolebús y el Sitren, es con mucho la más eficiente, la que brinda mejor servicio y no pierde dinero; Sistecozome, que está ya en liquidación, es la peor de todas; Servicios y Transportes es bastante mala, por debajo de las privadas. Para que las empresas de transporte en manos del Gobierno funcionen tienen que ser empresas, pero antes de eso se requiere una visión de Estado, esto es, un Gobierno que no meta su visión de partido en lo que es de todos; que los administradores no sean nombrados por el gobernador en turno, sino que sean gestores profesionalizados con servicio civil de carrera, y que las tarifas se fijen con lógica de empresa y sentido social, no con lógica política y sin sentido.Pero seamos sinceros: si el Gobierno no tiene la capacidad de meter orden en el transporte público difícilmente la tendrá para ejercer una acción de otro tamaño. Nos damos con que ejerzan las facultades que ya les da la ley, esa que tanto nos presumieron en los anuncios en radio y televisión para imponer el modelo de rutas empresa y que se haga con transparencia. Los transportistas se quejan de corrupción; el Gobierno de colusión. Lo más probable es que ambos tengan razón. Abramos la cancha, discutamos de frente a la sociedad, encima de la mesa y no solo el Gobierno y los empresarios del transporte. Porque este es un asunto que nos incumbe a todos; el futuro de la ciudad depende en gran medida de cómo diseñemos la movilidad.
